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Colpensiones, al borde del colapso tecnológico

Un informe interno revela que 17 proyectos digitales de la entidad acumulan retrasos críticos justo cuando la reforma pensional de Petro exige su pleno funcionamiento. El gobierno saliente deja la infraestructura a medio construir.
Imagen ilustrativa
sábado 18 de julio de 2026

La escena lo dice todo. A comienzos de julio, cuando millones de colombianos tenían días contados para decidir si trasladaban sus ahorros de los fondos privados a Colpensiones —el corazón de la reforma pensional del presidente Gustavo Petro—, los servidores de la entidad fueron apagados para mudarse a un nuevo centro de operaciones en Cundinamarca. Al encenderse en la nueva sede, los sistemas tardaron en configurarse y la plataforma colapsó. Asofondos emitió una alerta formal sobre la interrupción de los servicios. Funcionarios habían advertido sobre el riesgo del traslado en ese momento preciso. Nadie los escuchó.

Lo que ocurrió esos días no fue una falla aislada. Fue el síntoma visible de un problema documentado en papel desde semanas antes.

El pasado 25 de junio, la Vicepresidencia de Riesgos de Colpensiones consolidó un informe interno de 19 páginas —contratado con un grupo de expertos en datos— que radiografía el estado tecnológico de la entidad. El resultado es inquietante: 17 proyectos de desarrollo tecnológico registran retrasos en sus objetivos de ejecución, pese a que debían estar implementados al cierre de la administración de Jaime Dussán, el excongresista que dirigió la compañía durante los cuatro años del gobierno Petro.

El documento, al que tuvo acceso la revista Semana, precisa que al corte de mayo de 2026 había 13 proyectos en ejecución dentro del Plan Estratégico Institucional 2022-2026, con un avance que oscila entre el 15 y el 66 por ciento, y una ejecución presupuestal promedio del 32 por ciento. De esos 13 planes, ocho presentan «desviación de actividades», la fórmula técnica con que el informe describe que los cronogramas simplemente no se cumplieron.

Los proyectos afectados no son periféricos. Incluyen la transformación de la historia laboral de los afiliados, la gestión del cobro coactivo, la modernización de la plataforma ciudadana, la optimización del sistema de pago de nómina a pensionados y el nuevo sistema del programa BEPS —el mecanismo de ahorro voluntario para quienes ganan menos de un salario mínimo—. En conjunto, son las tuberías digitales por las que debe fluir la reforma pensional que el petrismo presentó como su legado social más ambicioso.

Entre las fallas concretas que circularon en las reuniones internas figura el estado de Bizagi, la plataforma que distribuye las solicitudes de pensión entre los funcionarios de Colpensiones. Según fuentes citadas por Semana, está desactualizada. Es decir, el aparato estatal encargado de procesar las pensiones de los colombianos opera con herramientas que no han sido puestas al día.

El informe fue socializado con la Presidencia de la entidad y con los integrantes del comité ejecutivo. También llegó a la Vicepresidencia de Tecnología. Fuentes cercanas al proceso reconocieron a Semana que existe preocupación por el dictamen que realizará la próxima administración cuando evalúe el estado real de la infraestructura digital que hereda.

Semana intentó obtener la versión oficial de Colpensiones, pero la Oficina de Comunicaciones no respondió antes del cierre de edición.

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Los detalles cuentan la historia. La reforma pensional de Petro fue vendida como una transformación histórica del sistema de protección social colombiano. Su pieza central, Colpensiones, debía recibir a millones de nuevos cotizantes con plataformas modernas, sistemas robustos y capacidad de respuesta. Lo que el informe interno revela es la otra cara: una entidad que llega al cambio de gobierno con proyectos ejecutados apenas a un tercio de su presupuesto, plataformas desactualizadas y servidores que colapsaron en el peor momento posible.

El costo no lo paga el Estado en abstracto. Lo pagan los afiliados que no pudieron hacer su trámite de traslado a tiempo, los pensionados cuyo sistema de nómina no está optimizado y los trabajadores informales cuyo ahorro voluntario depende de un programa sin plataforma lista. Eso es lo que deja la burocracia cuando los proyectos se contratan, se socializan en comités ejecutivos y, al final, simplemente no se ejecutan. El dinero de los contribuyentes financió 17 proyectos; 17 proyectos llegaron tarde.

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