El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, firmó este martes el decreto 1525 de 2026, con el que el Gobierno dice regular la protesta social y fijar nuevas reglas para la actuación de la fuerza pública. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, afirmó que el mecanismo se estrenará este miércoles, cuando sindicatos, organizaciones indígenas y otros sectores sociales salgan a las calles en una jornada de movilización convocada como prueba de contestación al Ejecutivo.
La escena lo dice todo. El decreto, según el propio texto difundido por el Gobierno, establece que frente a actos de violencia la obligación de privilegiar el diálogo y la mediación es una regla de preferencia de medios de intervención respecto de la manifestación en su conjunto, pero no un requisito previo que condicione, suspenda o posponga la intervención individual contra quienes ejecuten esos actos.
La norma también señala que, si desde el inicio de la manifestación hay violencia con uso de armas, artefactos incendiarios, agresiones o retención de personas, la fuerza pública podrá intervenir contra quienes realicen esos actos sin agotar de forma previa las fases de diálogo. El decreto añade que el diálogo y la mediación podrán retomarse después de empleada la fuerza, siempre que cesen las acciones violentas y se adopten medidas para garantizar los derechos de quienes se manifiestan pacíficamente y de quienes no participan en la protesta.
Entre los supuestos detallados por el decreto aparecen la identificación del porte o empleo de armas de fuego, armas cortopunzantes, explosivos o artefactos incendiarios; la retención de personas contra su voluntad; la agresión contra terceros no participantes, servidores públicos, personal uniformado, misiones médicas o misiones periodísticas; y la destrucción de infraestructura pública o privada. El documento también precisa que la aplicación de estas reglas requiere verificación documentada por el Puesto de Mando Unificado y que esa verificación se comunicará al Ministerio Público de manera inmediata.
De la Espriella defendió la medida como una respuesta contra la violencia, el vandalismo y los bloqueos. En sus redes sociales sostuvo que en Colombia se respeta la protesta pacífica, pero que no se toleran «la violencia, el vandalismo ni los bloqueos que atropellan los derechos de millones de ciudadanos». También dijo que el derecho a protestar no está por encima del derecho a trabajar, estudiar, movilizarse y vivir en paz.
Lara calificó el decreto como «garantista y democrático» y dijo que se respeta la protesta social, pero no se toleran los bloqueos. El propio decreto establece, sin embargo, que la obstrucción de vías no altera por sí sola el carácter pacífico de la manifestación y que solo en situaciones excepcionales podrá disolverse, total o parcialmente, una reunión que presente obstrucción de vías, cuando la perturbación sea grave y sostenida y no exista otro medio menos lesivo para los derechos de reunión y manifestación pública y pacífica.
La norma llega en medio de la convocatoria a marchas para este miércoles, en lo que será una primera prueba del nivel de contestación al Gobierno de De la Espriella, que cumple poco más de dos meses en el poder. Las protestas reúnen reivindicaciones laborales, educativas y territoriales, pero también expresan el rechazo de organizaciones civiles a las primeras decisiones del Ejecutivo y su preocupación por las iniciativas oficiales para limitar la protesta social.
En su mensaje, el presidente insistió en que la protesta pacífica es una «garantía constitucional», pero subrayó que ese derecho no autoriza a agredir a otros ciudadanos, destruir bienes, amenazar a trabajadores ni impedir el acceso de ambulancias y servicios de emergencia. Según dijo, frente a hechos que constituyan delitos las autoridades actuarán conforme a la ley.
El debate de fondo no es menor: si el Estado no puede distinguir entre una manifestación pacífica y un acto violento, el resultado suele ser más poder para la calle más ruidosa y menos seguridad para quien cumple la ley. Aquí el giro es otro: el Gobierno apuesta a poner límites claros y a proteger el derecho de millones de ciudadanos a transitar, trabajar y vivir sin chantaje de bloqueos.
Para la lógica de libre empresa y orden público, la señal importa. Cuando una protesta corta una carretera, convierte un carril de Transmilenio en trinchera o paraliza servicios esenciales, el costo no lo paga solo el Gobierno: lo asumen trabajadores, comercios, transportistas y familias enteras. El desenlace de este miércoles dirá si el decreto sirve para restablecer autoridad con debido proceso o si la protesta violenta seguirá imponiendo su ley sobre la vida cotidiana.
