La OCDE dejó una fotografía incómoda del sistema educativo colombiano: los profesores consultados reportan satisfacción laboral y salarial por encima del promedio del organismo, pero el país invierte mucho menos por estudiante y les exige una carga lectiva superior a la media.
Según el informe Panorama de la educación 2026, publicado este martes, el 87,2 % de los docentes colombianos de secundaria inferior afirmó estar satisfecho con sus condiciones laborales. En el promedio de la OCDE, la proporción fue del 68,4 %.
La brecha también aparece en la remuneración. En Colombia, el 63,1 % de los profesores manifestó satisfacción con su salario, mientras que el promedio de la organización fue del 38,7 %.
Pero el alivio subjetivo no borra el dato duro del gasto. En 2023, Colombia destinó alrededor de 3.398 dólares por estudiante en educación primaria, secundaria y terciaria, calculados en paridad de poder adquisitivo. El promedio de los países de la OCDE fue de 13.601 dólares.
Al mirar los niveles por separado, el gasto por alumno en Colombia fue de 3.526 dólares en primaria y 3.594 dólares en secundaria inferior. En la OCDE, esos valores fueron de 12.893 y 14.291 dólares, respectivamente.
El informe también muestra una jornada más pesada para los docentes colombianos. En primaria, imparten 955 horas de clase al año, frente a las 770 horas de la media de la OCDE. En secundaria inferior, la carga lectiva llega a 840 horas anuales, mientras el promedio del bloque es de 710.
A eso se suma la reducción en el número de docentes de primaria registrada en la última década. Entre 2015 y 2024, la cantidad de profesores disminuyó 2 %, mientras que el número de estudiantes cayó 10 %.
La tendencia demográfica podría mover todavía más ese tablero. Según las proyecciones incluidas en el informe, la población colombiana entre los 5 y los 14 años disminuirá 9 % entre 2024 y 2033. El efecto sobre la necesidad de profesores dependerá de otros cambios que se produzcan en el sistema educativo.
El cuadro no mejora cuando se mira el nivel educativo de la población adulta. En 2025, el 29 % de los colombianos entre 25 y 64 años contaba con estudios terciarios, mientras que el promedio de la OCDE era del 43 %.
También pesa el rezago de los jóvenes que no estudian ni trabajan. El 26 % de los colombianos entre 18 y 24 años estaba en esa situación, un punto porcentual más que en 2015 y el doble del promedio de la OCDE, ubicado en 13 %.
En educación y atención a la primera infancia, el informe registra que el 78 % de los niños colombianos desde los 3 años hasta la edad de inicio de la primaria estaba matriculado en 2024. En el conjunto de países de la OCDE, la cifra fue del 90 %.
El Panorama de la educación 2025 ya había mostrado cambios en otros indicadores. Entre 2019 y 2024, la proporción de personas de 25 a 34 años que no había completado la educación secundaria superior pasó del 27 % al 17 %.
Ese mismo informe examinó la culminación de programas universitarios. Solo el 16 % de quienes ingresaban a programas de grado terminaba sus estudios dentro del tiempo teórico establecido. La proporción subía al 44 % al contar a los estudiantes que completaban el programa durante los tres años posteriores al plazo previsto.
La escena lo dice todo. Colombia logra que una parte relevante de sus docentes diga estar satisfecha, pero lo hace con menos dinero por alumno, más horas de clase y una base social que todavía arrastra rezagos en educación superior, primera infancia y permanencia escolar.
Para el contribuyente, el mensaje es claro: el problema no es solo cuánto se gasta, sino cómo se distribuyen los recursos y qué resultados compra ese dinero público. Un sistema que exige más de sus maestros y entrega menos por estudiante termina trasladando la factura a la calidad, la cobertura y la movilidad social.
El desenlace, por ahora, deja una advertencia sobre el aparato estatal educativo: si Colombia quiere cerrar brechas reales, no bastan más declaraciones ni más burocracia. Hace falta convertir el gasto en aprendizaje, permanencia y oportunidad, y eso exige disciplina en el uso del dinero de los contribuyentes.
