En el Congreso de la República cursa un proyecto de ley que busca reducir las desigualdades en la disponibilidad de profesionales de la salud en Colombia. La propuesta, llamada proyecto de ley de Talento Humano en Salud en los Territorios, apunta a fortalecer la presencia de médicos, enfermeros y otros trabajadores del sector en departamentos y municipios con dificultades para garantizar la atención de sus habitantes.
La escena lo dice todo: el problema no es solo cuántos profesionales hay, sino dónde están. El diagnóstico incorporado a la iniciativa señala que Colombia registra 25,35 profesionales de medicina y 15,41 de enfermería por cada 10.000 habitantes, frente a una meta recomendada por la Organización Mundial de la Salud de 44,5. También advierte que 28 de los 32 departamentos presentan déficit de personal.
Las brechas territoriales son amplias. Bogotá alcanza una densidad combinada de 73,02 profesionales de medicina y enfermería por cada 10.000 habitantes, mientras que Vichada, Chocó, Guainía y Vaupés no superan los 15. Además, cinco entidades territoriales concentran más de la mitad del talento humano en salud disponible en Colombia.
El proyecto también parte de un cuello de botella en la formación. Hoy, 47,6 % de los campos de práctica se concentra en cuatro entidades territoriales, y 11 departamentos no cuentan con programas de medicina. A eso se suman 953 municipios que dependen exclusivamente de Empresas Sociales del Estado y hospitales públicos para prestar servicios de salud.
La trastienda técnica de la iniciativa incluye la participación de la Universidad Nacional, cuyas facultades de medicina, enfermería y odontología aportaron elementos para su construcción. La vicerrectora de la Sede Bogotá, Lorena Chaparro, dijo que la propuesta busca conectar la inversión pública en educación con las necesidades reales de las comunidades. El decano de la Facultad de Medicina, Hernando Gaitán, señaló que la distribución territorial del talento humano en salud es esencial para reducir desigualdades en el acceso a los servicios sanitarios.
El articulado contempla tres ejes. El primero crea un Plan Nacional de Distribución Territorial Prioritaria, bajo liderazgo del Ministerio de Salud, para orientar la asignación de profesionales hacia las zonas con mayores necesidades. La propuesta dará prioridad a territorios PDET y a las ZOMAC.
El segundo eje propone incentivos para promover la permanencia del personal sanitario en esas regiones. Entre las medidas aparecen formalización laboral, salarios competitivos, becas para estudios de posgrado y mejores condiciones de vivienda, transporte y alimentación.
El tercero busca ampliar las oportunidades de formación mediante la priorización de instituciones públicas de educación superior y del Servicio Nacional de Aprendizaje en la asignación de nuevos escenarios de práctica y cupos de docencia-servicio en las redes pública y mixta, sin desconocer los convenios vigentes con universidades privadas.
El proyecto tiene como ponentes a la senadora Jennifer Pedraza y a la representante a la Cámara Bleidy del Carmen Pérez. Además, establece una ruta específica para la Universidad Nacional, sustentada en su régimen especial de autonomía, reconocido en el Decreto 1210 de 1993, con el fin de facilitar la ampliación de sus escenarios de práctica de pregrado y posgrado en las regiones.
Tras su radicación, comenzará el trámite legislativo correspondiente. El Congreso deberá estudiar y debatir las medidas propuestas antes de que exista una decisión final.
Para entender el presente hay que volver a esa semana: el dato de fondo es que Colombia enfrenta un desbalance territorial en un servicio básico, y la respuesta que hoy avanza en el Legislativo mezcla incentivos, priorización y más formación. Ese es el camino elegido por el Estado para corregir una escasez que, en los hechos, castiga sobre todo a las regiones apartadas.
La lectura de fondo es clara: si la distribución depende casi por completo de la planificación pública, el problema no se resuelve solo con discursos sobre cobertura. Hace falta que el aparato estatal cree condiciones reales para que el talento humano llegue y se quede donde más falta hace. Ahí está en juego algo más que una política sectorial: está la capacidad del país de garantizar atención básica sin condenar a cientos de municipios a la escasez.
