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Colombia bajo los escombros

El terremoto de 7,4 en Chocó deja casi 300 muertos, más de 115.000 personas afectadas y un país que mide la distancia entre la catástrofe y la capacidad del Estado para responder.
Imagen ilustrativa
sábado 15 de agosto de 2026

La cifra llegó al amanecer del 15 de agosto de 2026. Con corte a las 6:30 de la mañana, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) actualizó su balance tras el sismo de magnitud 7,4 en la escala de Richter cuyo epicentro fue el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó. Los números hablan solos: 294 personas fallecidas, 3.935 heridas, 320 desaparecidas. Solo 353 han sido rescatadas con vida.

El sismo golpeó 15 departamentos y 448 municipios. En total, 54.008 familias —115.461 personas— quedaron afectadas por el fenómeno. Los detalles cuentan la historia.

Una geografía rota

El daño no se limitó a las víctimas directas. La UNGRD reportó que 81.506 viviendas resultaron averiadas y otras 14.493 quedaron completamente destruidas. A eso se suma el colapso de 66 edificios. En un país donde el déficit habitacional ya era una herida abierta antes del sismo, la emergencia habitacional se convierte ahora en una crisis dentro de la crisis.

La infraestructura de servicios básicos sufrió un golpe igualmente severo: 241 centros de salud dañados, 2.612 centros educativos afectados y 3.621 centros comunitarios comprometidos. Son los nodos sobre los que descansa la vida cotidiana de las comunidades más vulnerables del país, y hoy muchos de ellos no funcionan.

El problema de llegar

Para entender el presente hay que volver a esa semana. La conectividad —siempre frágil en el Chocó y en buena parte de los departamentos afectados— se fracturó aún más. El balance oficial registra 298 vías afectadas, 44 puentes vehiculares dañados, 5 puentes peatonales comprometidos y 5 aeropuertos con algún tipo de afectación. Son 59 acueductos los que también reportan daños.

Cada kilómetro de vía cortada es tiempo que no llega la ayuda humanitaria. Cada puente caído es una comunidad que espera. La logística de la respuesta de emergencia en Colombia ha sido históricamente uno de sus puntos más débiles, y el sismo lo vuelve a poner en evidencia con una brutalidad que no admite eufemismos.

La UNGRD informó además que las labores de búsqueda y rescate continúan activas en las zonas más golpeadas, y que la entidad sigue coordinando las acciones de respuesta en los territorios afectados. La institución hizo un llamado a la ciudadanía a consultar únicamente sus canales oficiales para evitar la propagación de información no verificada.

Entre los datos del reporte figura también el rescate de 188 animales, con 578 afectados por el desastre.

Lo que el sismo revela

La escena lo dice todo. Un terremoto de 7,4 grados no elige a sus víctimas por ideología ni por partido, pero sí las encuentra donde el Estado las dejó: en viviendas precarias, en municipios sin hospitales de segundo nivel, en carreteras que nunca se terminaron de construir.

Desde la línea editorial de Hemisferio, la pregunta que corresponde hacer no es solo cuántos muertos hay —294 es una cifra que exige duelo y acción— sino qué hizo el gobierno de Petro en estos años con los recursos destinados a la gestión del riesgo, a la infraestructura vial y a la resiliencia de las comunidades más expuestas. Un Estado que prioriza el gasto político sobre la inversión en infraestructura y prevención no está preparado para una catástrofe de esta magnitud. Colombia lo está comprobando, una vez más, a un costo humano que no tiene corrección posible. El mercado y la inversión privada en infraestructura no son abstracciones ideológicas: son la diferencia entre un puente que aguanta y uno que cede cuando la tierra tiembla.

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