La escena lo dice todo. Cinco días después de que la tierra se moviera bajo el departamento del Chocó, los equipos de rescate seguían abriendo paso entre los escombros de Cali y Pereira mientras el presidente Abelardo de la Espriella recorría las calles más golpeadas y describía el panorama con una sola palabra: «apocalíptica».
El balance oficial, actualizado este viernes por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), confirmó 288 fallecidos —tres más que en el reporte matutino— y 202 personas desaparecidas. La cifra de desaparecidos descendió respecto a las 379 registradas horas antes, aunque la UNGRD no precisó si la reducción obedece a personas localizadas con vida, al hallazgo de víctimas entre los escombros o a la actualización de los registros.
El sismo, cuyo epicentro se ubicó en San José del Palmar, en el Chocó, es considerado el de mayor magnitud registrado en Colombia en lo que va de siglo. Su alcance se extendió a 15 departamentos, entre ellos Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío, con daños estructurales severos en 448 municipios.
Los números de la emergencia son de una escala difícil de procesar. La UNGRD contabilizó 145.601 damnificados agrupados en 57.516 familias. Las viviendas afectadas suman 80.744, de las cuales 12.504 quedaron destruidas. Otros 66 edificios colapsaron, principalmente en Cali y Pereira. Hay además 4.018 heridos y 354 personas rescatadas de estructuras derrumbadas.
La infraestructura crítica acusa golpes igualmente severos: 2.595 centros educativos, 260 instalaciones sanitarias, 267 carreteras, 87 acueductos y 55 puentes presentan algún tipo de afectación. Cinco aeropuertos resultaron perjudicados. El Matecaña de Pereira permanece restringido desde el lunes a operaciones militares y vuelos de atención humanitaria, lo que complica el flujo de ayuda hacia una de las ciudades más castigadas.
Comunidades enteras permanecen aisladas o con dificultades de acceso, y los equipos de socorro continúan llegando a esas zonas mientras avanzan las labores de evaluación. La Naciones Unidas, según recoge la misma fuente, señaló que el sismo «ha afectado la zona con menos recursos y resiliencia del país», un diagnóstico que anticipa una reconstrucción larga y costosa.
De la Espriella, que ya autorizó las primeras cinco extradiciones de su mandato, convocó al sector privado para articular el plan de reconstrucción. El gesto es significativo: en una emergencia de esta magnitud, el aparato estatal solo no alcanza, y el presidente lo sabe.
La lectura de Hemisferio. El terremoto pone a prueba algo más que la infraestructura física de Colombia: pone a prueba la capacidad del Estado para responder sin ahogar la iniciativa privada que, en última instancia, financia y ejecuta la reconstrucción real. La decisión de De la Espriella de convocar al sector privado desde el primer momento apunta en la dirección correcta. Los 80.744 hogares dañados, los 2.595 centros educativos comprometidos y los 87 acueductos fuera de servicio no se reconstruyen con decretos: se reconstruyen con inversión, contratos claros y reglas del juego estables.
El desafío para el gobierno es evitar que la emergencia se convierta en pretexto para expandir el gasto discrecional sin rendición de cuentas. Colombia tiene ante sí una oportunidad para demostrar que un Estado eficiente y un sector privado activo pueden trabajar juntos. El desenlace de esa apuesta definirá, más que cualquier cifra de víctimas, el legado de esta semana.
