La escena lo dice todo. Un ministro publica en Facebook una imagen generada por inteligencia artificial en la que aparece sujetando un cocodrilo con una correa, acompañada de un mensaje que reza: «¿Estás pensando en intentar escapar? Piénsalo dos veces». No es una broma de campaña ni una provocación vacía. Es la antesala de una decisión administrativa que ya tiene rango normativo en Israel.
La ministra de Protección Ambiental, Idit Silman, reclasificó a los cocodrilos como «fauna criada en cautiverio», según informó la agencia AFP. La medida, en apariencia técnica, tiene una consecuencia práctica inmediata: abre la puerta al uso de estos animales con fines de seguridad, incluida la prevención de fugas en prisiones. La supervisión de los reptiles deja de recaer en la Autoridad de Naturaleza y Parques y pasa a manos de un «organismo de seguridad», categoría en la que encaja el Servicio Penitenciario de Israel, dependiente precisamente del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir.
Los detalles cuentan la historia. Ben Gvir había propuesto en diciembre rodear con cocodrilos una prisión para detenidos palestinos, inspirándose en una instalación para migrantes en Florida conocida como «Alcatraz de los Caimanes», que estuvo abierta menos de un año, según consignaron medios israelíes. La propuesta no fue recibida con entusiasmo en todos los flancos: la cadena Canal 13 informó que la Autoridad de Naturaleza y Parques se opuso inicialmente y que varios oficiales del Servicio Penitenciario la recibieron con «burlas» cuando el ministro la planteó el año pasado.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. El objetivo declarado del ministro es desplegar los reptiles alrededor de la prisión de Ketziot, en el sur del país, donde están recluidos numerosos milicianos de Hamás capturados tras el ataque del 7 de octubre de 2023 que desencadenó la guerra en Gaza, de acuerdo con medios israelíes citados por AFP. La reclasificación normativa convierte una idea que muchos descartaron como extravagante en una posibilidad operativa concreta.
El giro es significativo. En cuestión de meses, una propuesta que generó burlas dentro del propio aparato penitenciario ha encontrado el vehículo burocrático para materializarse: un decreto ministerial que redefine la categoría zoológica de un animal y transfiere su tutela al ámbito de la seguridad del Estado. La trastienda de esa maniobra revela cómo un ministro con agenda propia puede redibujar los límites de lo posible dentro de una coalición de gobierno.
La iniciativa no tiene precedente directo en el sistema penitenciario israelí, aunque su inspiración estadounidense —el «Alcatraz de los Caimanes» de Florida— tampoco sobrevivió al escrutinio político y operativo: cerró antes de cumplir un año. Que Ben Gvir cite ese modelo como referencia dice tanto del mensaje que quiere enviar como de la solidez del proyecto.
Desde la línea de Hemisferio, la propuesta merece una lectura doble. Por un lado, el principio de disuasión en el sistema penitenciario es legítimo, especialmente cuando los reclusos son combatientes capturados en el marco de un conflicto activo. Un Estado tiene el derecho —y la obligación— de garantizar que quienes han atentado contra su población no escapen para volver a hacerlo. En ese sentido, la voluntad de Ben Gvir de explorar métodos no convencionales de contención no es, en sí misma, irracional.
Por otro lado, el desenlace de este episodio dependerá de si Israel logra separar el gesto político —la imagen del ministro con el cocodrilo en correa— de la ingeniería institucional real. Convertir una ocurrencia en política pública mediante un decreto de reclasificación zoológica es, cuando menos, una señal de que los protagonistas de esta historia priorizan el impacto comunicacional sobre la viabilidad operativa. La Autoridad de Naturaleza y Parques y los propios oficiales penitenciarios ya lo advirtieron con sus «burlas». El aparato estatal, en ocasiones, tiene más sentido común del que se le atribuye.
