La escena lo dice todo. Un día feriado, el 24 de junio de 2026, dos sismos sacudieron Caracas y el estado La Guaira. Cinco semanas después, el aparato estatal venezolano ofrece su primer balance sanitario detallado, y los números llegan a través de un programa de televisión oficial.
Isabel Iturria, vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Ecosocialismo y Salud, compareció el 30 de julio ante las cámaras de La Iguana TV para anunciar que el Sistema Público Nacional de Salud ha brindado más de 44.000 atenciones médicas desde el día de los sismos. Según Iturria, el porcentaje de pacientes dados de alta supera el 98%, con un número mínimo de hospitalizados que aún permanece en los centros asistenciales.
La funcionaria calificó la respuesta como «extraordinaria» y destacó que, según su relato, el primer rescatista fue «el propio pueblo»: vecinos, familiares y compañeros que actuaron antes de que llegara cualquier estructura institucional. Los profesionales de la salud —médicos, enfermeras, camilleros y personal administrativo— se volcaron a los centros asistenciales de Caracas y La Guaira pese a tratarse de un día feriado, según declaró Iturria en la entrevista conducida por el periodista Clodovaldo Hernández.
El balance oficial también señala que centros privados se sumaron a la emergencia, un detalle que la propia vicepresidenta reconoció como parte del esfuerzo conjunto. La atención, dijo, no se limitó a las urgencias iniciales: hoy se concentra en cirugía traumatológica y rehabilitación, con dotación de materiales especializados de osteosíntesis para quienes sufrieron secuelas mayores.
Los detalles cuentan la historia. En los campamentos transitorios donde viven los desplazados por los sismos, el gobierno mantiene —según Iturria— un acompañamiento que incluye alimentación, atención psicológica, planes de lectura y suministro de agua potable mediante cisternas, mientras avanzan las reparaciones de tuberías. La mención explícita de las cisternas revela que, a cinco semanas del evento, el abastecimiento regular de agua sigue sin restablecerse en zonas afectadas.
La cifra de 44.000 atenciones proviene exclusivamente de fuentes oficiales del gobierno de Nicolás Maduro y no ha sido verificada de manera independiente. El medio no dispone de datos alternativos que la confirmen o contradigan.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. Venezuela llega al doble terremoto con un sistema de salud pública que acumula años de deterioro estructural, escasez de insumos y fuga de profesionales. Que el propio gobierno reconozca la necesidad de incorporar al sector privado —y que las cisternas sigan siendo la solución para el agua potable a más de un mes del sismo— dice más sobre el estado real de la infraestructura que cualquier cifra de altas hospitalarias.
La libre empresa y la sociedad civil aparecen aquí, como tantas veces en Venezuela, como el colchón que amortigua lo que el aparato estatal no puede sostener solo. El verdadero desafío no es el balance de las primeras cinco semanas: es si el Estado venezolano tiene la capacidad institucional —y la voluntad política— de gestionar una reconstrucción de largo plazo sin que la emergencia humanitaria se convierta en la nueva normalidad para miles de familias desplazadas.
