La escena lo dice todo. El 6 de agosto de 2026, en un campo de pruebas del complejo Multidomain Training Area en Marruecos, el misil Anthem de Covenant Industries surcó el cielo ante los ojos de periodistas y funcionarios del Ejército. Era el primer disparo bajo un nuevo sistema de reserva de rangos de prueba, y la empresa ya anunciaba entregas de activos listos para producción a partir de 2027.
El secretario del Ejército, Dan Driscoll, había hecho el anuncio formal ese mismo viernes desde un campo de pruebas en Míchigan. El mensaje era nítido: a partir de ahora, cualquier fabricante de municiones —con contrato previo o sin él— puede solicitar acceso a una de cinco instalaciones militares a través de un portal en línea, y un «concierge» del Ejército le garantiza disponibilidad en un plazo máximo de treinta días.
Los cuatro recintos domésticos son Camp Grayling (Míchigan), Camp Shelby (Misisipi), el Dugway Proving Ground (Utah) y un área hasta ahora sin uso en el Yuma Proving Ground (Arizona). El quinto es la instalación marroquí donde Covenant Industries ya estrenó el calendario.
Driscoll explicó que hoy un fabricante tarda entre doce y dieciocho meses en probar un producto antes de que el Ejército siquiera considere adquirirlo. La burocracia, dijo, es el cuello de botella. «Al sumar más instalaciones, ya no tienes que reservar y esperar seis meses hasta encontrar un hueco», resumió Mark Cancian, asesor sénior del Center for Strategic and International Studies (CSIS), en declaraciones a TIME. Para Cancian, la medida responde a dos impulsos simultáneos: ampliar la producción de municiones —sobre todo incorporar nuevas categorías— y la presión del secretario de Defensa Pete Hegseth por acelerar el proceso de adquisición.
Los funcionarios, sin embargo, fueron explícitos en un punto: la iniciativa no es una respuesta a las preocupaciones sobre el agotamiento de los arsenales. La aclaración llegó cargada de contexto. El anuncio se produjo días después de que The Washington Post reportara un enfrentamiento entre el presidente Donald Trump y Hegseth en Camp David a propósito del impacto de la guerra con Irán en los inventarios. Según fuentes que presenciaron el episodio, citadas por el Post, Trump se sintió engañado sobre la magnitud del problema.
Trump ha negado en repetidas ocasiones que existan escaseces. El jueves publicó en Truth Social que «Estados Unidos tiene cantidades masivas de municiones, especialmente de ciertos tipos», y que «grandes cantidades» estaban siendo fabricadas y enviadas, sin especificar el tipo de armamento. También amenazó con encarcelar a los funcionarios que compartan información sobre las reservas militares.
Pero los números filtrados a los medios cuentan otra historia. CNN reportó el miércoles que EE.UU. había consumido cerca del 80% de sus interceptores para el sistema de defensa antimisiles THAAD —con un coste superior a 15 millones de dólares por unidad— y aproximadamente el 50% de sus interceptores Patriot, valuados en alrededor de 4 millones de dólares cada uno. En mayo, el senador Mark Kelly ya había advertido, citando un informe del Departamento de Defensa, que los arsenales estaban muy mermados por la guerra. Expertos consultados por TIME estimaron entonces que reponer los inventarios podría llevar entre tres y cuatro años.
El propio lenguaje institucional del Pentágono delata la tensión. En la descripción de su programa Ground-Based Affordable Mass (G-BAM) Challenge, lanzado en julio, la Defense Innovation Unit reconoció que los conflictos futuros exigirán capacidad de fuego de largo alcance «a una escala, coste y ritmo que los inventarios actuales por sí solos no pueden sostener».
Stacie Pettyjohn, investigadora sénior y directora del Programa de Defensa del Center for a New American Security (CNAS), señaló a TIME que el Departamento de Defensa está más centrado en probar nueva tecnología que en reponer el material existente. «Estados Unidos tiene armas existentes muy buenas, pero producir estos misiles sofisticados lleva años», afirmó. Su diagnóstico apunta a la necesidad de misiles más sencillos —«suficientemente buenos»— que puedan adquirirse en mayor volumen y fabricarse con más rapidez.
Para Hemisferio, la lectura es esta: el Ejército más poderoso del mundo lleva meses en una guerra activa y acaba de abrir sus campos de pruebas a empresas que todavía no son sus proveedoras. Eso no es una señal de abundancia; es la admisión, en diferido y con lenguaje burocrático, de que el aparato de adquisición del Pentágono no estaba calibrado para sostener un conflicto de estas dimensiones. La libre empresa puede acelerar el ciclo —Covenant Industries lo demostró en Marruecos— pero solo si el Estado se aparta del camino con la misma velocidad con que ahora presume de haberlo hecho. Doce a dieciocho meses de trámites para probar un misil no es prudencia regulatoria: es el precio que pagan los soldados por décadas de burocracia acumulada.
