La escena lo dice todo. Mientras cuatro suboficiales eran intervenidos en la provincia de Nasca, un oficial de mayor rango —el capitán PNP Elmer Huamán Quispe, jefe de POLCAR-Nasca— era detenido a cientos de kilómetros, en Lima. La distancia no los salvó. El megaoperativo coordinado entre la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público se ejecutó de forma simultánea en Nasca, Ica y Lima, y terminó con cinco efectivos en custodia de la DIRCOCOR PNP Ica.
La investigación corre a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios Públicos de Ica. Las detenciones se realizaron en cumplimiento de las Resoluciones Judiciales N.° 01 y 02, emitidas por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Nasca. El cargo que pesa sobre todos ellos: cohecho pasivo propio en el ejercicio de sus funciones.
Junto al capitán Huamán Quispe fueron capturados el suboficial técnico de tercera Teófilo Martín Sedano Tisoc, el suboficial de primera Héctor Williams Spencer Campos Vera, el suboficial de primera Jesús Echegaray Cajamarca y el suboficial de segunda Jhosep Salomón Fuentes. Los cinco prestaban servicios en la DESDPC Nasca, según las autoridades involucradas en la operación.
La Dirección de Inteligencia de la PNP y la Dircocor Ica participaron activamente en la identificación y localización de los investigados. Ese trabajo de inteligencia previo fue lo que permitió el despliegue simultáneo y evitó que alguno de los implicados pudiera eludir la captura.
Además de las detenciones, las autoridades realizaron allanamientos en la sede de la DESDPC Nasca y en un inmueble ubicado en el distrito de San José de Los Molinos, en Ica. El objetivo declarado: recabar elementos de convicción que permitan esclarecer las circunstancias del presunto cohecho. Las diligencias se ejecutaron con intervención de unidades especializadas de la PNP.
Los detalles cuentan la historia. Que el operativo haya requerido coordinación en tres ciudades distintas, dos resoluciones judiciales y la participación de inteligencia policial habla de una investigación de cierto calado, no de una denuncia aislada. Las fuentes oficiales fueron cuidadosas en subrayar que la detención es preliminar y que «la responsabilidad penal será determinada por las instancias judiciales competentes», según declararon al término del operativo.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. Perú acumula años de erosión institucional en los que la corrupción ha permeado no solo la clase política sino también los cuerpos del Estado encargados de hacer cumplir la ley. Cuando los propios agentes del orden son investigados por cobrar coimas en el ejercicio de sus funciones, el daño no es solo jurídico: es el contrato social el que se resquebraja. El ciudadano que paga sus impuestos y espera protección recibe, en cambio, un aparato estatal que en ocasiones cobra por el servicio que ya está obligado a prestar.
El operativo de Nasca-Ica-Lima es, en ese sentido, una señal necesaria aunque insuficiente. Que la Fiscalía y la inteligencia policial actúen contra sus propios es un paso; que los procesos concluyan con condenas efectivas y no se diluyan en la burocracia judicial es el verdadero indicador de que el Estado peruano puede, cuando quiere, poner la ley por encima del uniforme. Esa es la vara con la que Hemisferio seguirá midiendo el desenlace de este caso.
