Al menos cinco funcionarios del ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza figuran en nóminas del gobierno de Oaxaca, de acuerdo con la información difundida por El Universal. Entre ellos hay regidores y secretarios municipales que también reciben pago del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y de la Secretaría de Movilidad (Semovi).
La escena lo dice todo. En un municipio golpeado por investigaciones criminales y detenciones de alto perfil, varios servidores públicos aparecen, además, con un ingreso en dependencias estatales. El dato no es menor: habla de una red administrativa donde el dinero público circula por más de una ventanilla mientras la rendición de cuentas parece quedarse corta.
Entre los casos mencionados está Fátima Rafaeli López Martínez, esposa de Mariano Rosado, exsecretario municipal de Juchitán que se encuentra prófugo. Sueldo mensual bruto: 17 mil 526 pesos. Además, aparece con un cargo administrativo dentro del IEEPO.
La síndica procuradora del ayuntamiento, Zoila Gómez Cabrera, aparece con un sueldo mensual de 5 mil 564 pesos como docente. El secretario municipal, Fernando Santos Villalobos, figura con un sueldo mensual de 17 mil 559 pesos como administrativo.
También aparece el regidor de Turismo, Silas Orlando Carrasco Hernández, con un sueldo mensual de 10 mil 214 pesos como Auxiliar 1 en la Secretaría de Movilidad del Gobierno de Oaxaca. Y el regidor de Energías Renovables y Gestión Social, José Alfredo Nicolás Vera, con un sueldo mensual de 19 mil 388 pesos como docente del IEEPO.
Los detalles cuentan la historia. No se trata solo de nombres en una lista, sino de la coexistencia entre cargos municipales y plazas estatales en un contexto donde la confianza pública ya está presionada por otras sombras. Cuando un funcionario cobra en dos frentes del poder, la pregunta inmediata es quién controla, quién autoriza y quién responde por ese cruce de intereses.
En paralelo, este miércoles 24 de septiembre la Fiscalía General del Estado de Oaxaca detuvo al presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano. Según lo informado por la Fiscalía de Oaxaca, el presidente municipal está vinculado con actividades delictivas de «Los Cromos», un grupo criminal que opera en la región como parte del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La Fiscalía sostuvo además que Sánchez Altamirano, desde la infraestructura del municipio, brindaba cobertura política y económica a «Los Cromos», facilitaba las cámaras de C2 y alertaba de la presencia de corporaciones de seguridad estatal y federal. También, de acuerdo con esa misma versión, controlaba el cobro de piso a empresarios y cadenas comerciales, y se identificó la compra de armas hacia el mismo grupo delincuencial.
Este jueves 24 de septiembre, además, fue detenido el excomisario de la Policía Municipal de Juchitán de Zaragoza, John Keny Moreno Segura, por elementos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal. La Fiscalía de Oaxaca lo ubica como parte de la estructura criminal del brazo operativo del CJNG en la región del Istmo de Tehuantepec, identificado como «Los Cromos».
Para entender el presente hay que volver a esa semana. El municipio no solo carga con una investigación sobre presuntos vínculos criminales; también enfrenta el escrutinio sobre su propia administración y sobre el uso de recursos públicos en estructuras que parecen superponerse. En un país donde el dinero de los contribuyentes debería ir a servicio, orden y resultados, estos casos abren la duda sobre cuánta captura política tolera todavía la burocracia.
El desenlace político aún no está escrito, pero el mensaje sí es claro: cuando el aparato estatal permite que un mismo nombre aparezca en varias nóminas, la opacidad se vuelve incentivo. Y cuando eso ocurre en un entorno ya marcado por acusaciones graves, el costo no es abstracto: lo pagan la confianza ciudadana, la legalidad y la autoridad misma del Estado.
