Cinco asesinatos en menos de 48 horas dejaron a Lima Metropolitana y al Callao otra vez frente a una realidad que el estado de emergencia no ha logrado contener. Entre la tarde del sábado 26 y la mañana del lunes 28 de septiembre, Los Olivos, Comas, Breña, Cercado de Lima y el Callao fueron escenario de ataques que terminaron con cinco personas muertas y otras heridas.
La escena lo dice todo. Mientras las autoridades mantenían vigente la medida de excepción por 60 días, declarada el 28 de agosto, la ciudad acumulaba crímenes con distintos modos de ejecución: disparos desde motocicletas, ráfagas de bala y, en Los Olivos, un conductor quemado dentro del vehículo en el que descansaba antes de iniciar su jornada.
El decreto mantiene a la Policía Nacional a cargo del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas y señala entre las razones de la medida el incremento del accionar criminal vinculado con homicidios, sicariato y extorsión. Pero la secuencia de ataques muestra que el despliegue en las calles, por sí solo, no ha detenido la ola de violencia.
En Los Olivos, Pedro José Herrera Veloz, de 34 años, murió tras un ataque en Primera de Pro. Según denunciaron sus compañeros, los transportistas de la ruta entre Pro y Alipio Ponce venían pagando S/40 semanales a presuntos extorsionadores. También dijeron que los atacantes grabaron el asesinato y difundieron las imágenes en un grupo de WhatsApp usado para amenazas y coordinación de pagos. Tras el crimen, alrededor de 60 unidades dejaron de operar.
En Comas, Angelo Reyes Aldazabal trabajaba con su mototaxi cuando fue interceptado por dos hombres en motocicleta. Las cámaras de seguridad registraron que uno de ellos bajó, disparó y luego siguió la persecución. Reyes Aldazabal murió en el Hospital Sergio Bernales. En la escena, Criminalística halló al menos 12 casquillos de bala.
Horas antes, en Breña, dos hombres llegaron en motocicleta hasta una vivienda donde se realizaba una pollada bailable. Uno abrió fuego contra quienes estaban en el lugar. John Alaín Pérez Huamán, de 42 años, murió mientras era trasladado para recibir atención médica, y otras cuatro personas quedaron heridas. La motocicleta fue abandonada después y, según las primeras diligencias, había sido reportada como robada y tenía la placa manipulada.
La secuencia se había iniciado la tarde del sábado en el Callao, cuando Jonathan Márquez Huamaní, de 42 años, fue atacado dentro de una camioneta. Dos hombres descendieron de un automóvil, se ubicaron a ambos lados del vehículo y dispararon repetidamente antes de huir. La víctima murió cuando era trasladada al Hospital Daniel Alcides Carrión. El móvil aún no se había establecido.
Los detalles cuentan la historia. Los registros disponibles también muestran el peso de las armas de fuego en la violencia letal. Un análisis de Juan Carbajal, elaborado a partir del Sistema Informático Nacional de Defunciones, contabilizó 267 homicidios en el país entre el 28 de julio y el 14 de septiembre, y más del 73% de las víctimas murió por proyectiles de arma de fuego. La cifra es preliminar, porque el sistema puede incorporar después muertes cuya causa no había sido clasificada.
A eso se suma la advertencia de Rubén Vargas, quien sostuvo que «el país vive un desborde criminal» y pidió fortalecer la inteligencia frente a las estructuras delictivas. También pesa el antecedente de GRADE, que al evaluar declaratorias previas en el Callao halló efectos distintos según el periodo: en 2022 hubo reducciones de corto plazo en algunas formas de victimización, pero luego volvieron a sus niveles previos. El informe concluyó que este tipo de intervención muestra problemas de sostenibilidad como política contra el crimen.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. La emergencia sigue vigente, pero los homicidios también. Y cuando una medida extraordinaria no logra proteger la vida en las calles, el debate deja de ser retórico: pasa a ser sobre eficacia, inteligencia policial y capacidad real del Estado para recuperar el control.
El desenlace, por ahora, es incómodo para el poder público. Cada hora que pasa sin frenar estas redes alimenta la percepción de que la violencia manda más que el decreto. Y eso tiene una consecuencia clara para el ciudadano común y para la economía cotidiana: transportistas que dejan de operar, familias que viven bajo amenaza y barrios enteros obligados a organizar su rutina alrededor del miedo.
