La escena lo dice todo. Un presidente saliente defiende en X su legado educativo; una ministra designada por el gobierno entrante le responde en la misma red, en tiempo real, con un dato que desnuda la contradicción. El intercambio entre Gustavo Petro y Viviane Morales —designada por el presidente electo Abelardo De La Espriella— resumió en pocas horas lo que será uno de los primeros frentes de disputa de la nueva administración: qué hacer con la ley de financiación de las universidades públicas aprobada por el Congreso en 2025.
La polémica arrancó con declaraciones de Morales en entrevista con Noticias Caracol sobre la financiación del sistema universitario público. Petro reaccionó de inmediato desde su cuenta de X. «La fórmula que dejamos para financiar la universidad pública, que es ley hoy, garantiza la expansión de la cobertura de las universidades públicas en Colombia», escribió el mandatario, y agregó que la norma representa «la verdadera y más grande inversión de Colombia».
El presidente fue más lejos. Según su mensaje, «con la nueva ley que aprobamos en el Congreso, aumentamos ya para el nuevo semestre que recibirá la ministra 450.000 cupos adicionales a los que existían en el gobierno Duque». Y remató: «Es casi medio millón de jóvenes que, si no hubiera esa ley, no estarían estudiando gratuitamente las carreras que escojan y en su territorio».
La respuesta de Morales llegó horas después y fue quirúrgica. «Deje de confundir. Usted sabe que es necesario reglamentar la ley que fijó el método de financiación de las universidades públicas, por algo hoy su ministro de Educación se apresuró a sacar el proyecto de decreto», escribió la ministra designada. El argumento no era retórico: apuntaba a un hecho concreto. La ley existe, pero sin reglamentación no opera. Y el propio ministerio de Petro, según Morales, lo reconoció implícitamente al publicar un proyecto de decreto en los últimos días del gobierno.
Los detalles cuentan la historia. Que el actual Ministerio de Educación haya iniciado ese proceso de reglamentación antes del cambio de mando revela que la norma aprobada en el Congreso no llegó lista para ejecutarse. La pregunta que hereda el gobierno de De La Espriella no es si la ley existe —existe—, sino cómo se financia sin desestabilizar las cuentas públicas y quién define los criterios de implementación.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. Petro intentó fijar el relato: su gobierno dejó una arquitectura legal que garantiza educación superior gratuita y masiva. Morales, en cambio, señaló que esa arquitectura tiene cimientos incompletos, y que la prisa del ministerio saliente por reglamentar —a último momento— lo confirma.
El debate no es menor. La ley de financiación universitaria tiene implicaciones fiscales directas sobre el presupuesto nacional. Ampliar cobertura a escala masiva requiere fuentes de financiamiento claras, sostenidas y auditables. Sin reglamentación precisa, la promesa de «medio millón de cupos adicionales» puede convertirse en un mandato legal sin respaldo presupuestario real: el peor de los mundos para las propias universidades públicas, que quedarían con obligaciones sin recursos.
Desde la perspectiva de Hemisferio, el intercambio ilustra un patrón conocido en la política latinoamericana: aprobar leyes de alto impacto fiscal en los últimos tramos de un gobierno, cargando al sucesor con la responsabilidad de financiarlas o de asumir el costo político de revisarlas. El gobierno de De La Espriella recibirá una ley vigente, una reglamentación a medio hacer y la presión de no tocar un marco que Petro ya instaló como conquista social. La ministra Morales eligió no dejarse encuadrar en ese dilema y respondió donde más duele: en la coherencia interna del gobierno que entrega el poder.
