La diputada Graciela Chipana, de Juntos por el Perú, afronta un juicio oral por presunta discriminación agravada contra un niño de 3 años con trastorno del espectro autista (TEA). Los hechos, según la acusación fiscal citada por los dominicales, se remontan a abril de 2025, cuando Chipana trabajaba como profesora de educación inicial en el colegio San Antonio de Padua, en Moquegua.
El caso salió a la luz a través de «Cuarto Poder» y, de acuerdo con las fuentes, la Fiscalía solicita que se le inhabilite por dos años para ejercer cargo público. La etapa actual es la de actuación probatoria y podría concluir en los próximos tres meses.
Según la versión fiscal resumida por los medios, la entonces docente se habría resistido a tener al menor en su aula por su condición. El padre del niño, Ysai Cáceres, afirmó que la directora del colegio había autorizado el ingreso del menor, pero que Chipana se negó a recibirlo cuando lo vio.
Cáceres relató además que la profesora habría cuestionado la asignación del niño a su salón y que, en una grabación incorporada a la carpeta fiscal, se la escucha plantear que el menor cuente con una «profesora sombra», es decir, una persona que lo acompañe de manera exclusiva durante las actividades escolares.
El padre sostuvo que su familia no podía asumir el costo de contratar a una acompañante. Dijo que trabaja como taxista en Moquegua y que sus recursos eran insuficientes para cubrir ese gasto. También señaló que denunciar los hechos implicó dificultades y costos que no le resultaban fáciles de afrontar.
La investigación fiscal también recoge el testimonio de una trabajadora de la institución, quien habría declarado que Chipana manifestó que no podría atender al estudiante y que la familia debía conseguir una maestra sombra o llevarlo a otro jardín. La Fiscalía considera que estos hechos podrían constituir una vulneración de los derechos a la igualdad y al trato digno del menor.
La defensa de Chipana, encabezada por José Domingo Pérez, sostiene otra lectura. Pérez afirmó que la Fiscalía interpretó «equivocadamente» la preocupación expresada por la docente respecto de las necesidades de apoyo del niño. Según su postura, esa preocupación no debería ser entendida como un acto discriminatorio.
Pérez también cuestionó la interpretación fiscal sobre la negativa a permitir el ingreso del menor al aula y sobre la necesidad de contar con una acompañante. Chipana, por su parte, declaró a «Cuarto Poder» que había una inclinación a perjudicar su imagen.
El proceso tiene una consecuencia política directa. Si la acusación avanza y termina en condena con inhabilitación, Chipana podría quedar fuera del cargo público que acaba de asumir. La escena lo dice todo: mientras el expediente avanza en el juzgado, la discusión ya no es solo judicial, sino también sobre la responsabilidad de quienes administran el aula pública y el trato que recibe una familia que, según su testimonio, no podía pagar una solución privada.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. El punto de fondo no es menor: cuando el aparato estatal promete educación pública, también asume la obligación de abrir la puerta a todos los niños en condiciones de igualdad. Si la versión fiscal se sostiene, el costo no recae en una abstracción jurídica, sino en un menor y en una familia que reclamaba acceso, no privilegios.
En una región donde cada cargo público debería estar al servicio de la ley y del mérito, el caso pone bajo la lupa algo elemental: el respeto a la persona y a sus derechos no puede depender de si su familia puede pagar un apoyo adicional. Los detalles cuentan la historia.
