La escena lo dice todo. En Punta Arenas, a ocho años de la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, la ministra Lincolao presentó ante un auditorio regional la hoja de ruta que el aparato estatal chileno seguirá hasta 2030. El eje central: la inteligencia artificial como «infraestructura crítica». La pregunta que nadie formuló en voz alta, pero que flotaba en la sala, es quién paga y quién decide.
El ministerio ejecutó durante 2025 el equivalente a 213.996 millones de pesos, un 99,5% de su presupuesto, y fijó como meta para este año llegar al 100%. La Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) recibió 16.916 postulaciones, adjudicó 3.797 proyectos y distribuyó 556.249 millones de pesos adicionales, más 1.428 becas de posgrado y 364 beneficios complementarios. Son cifras que hablan de un aparato burocrático de escala considerable.
Sobre ese andamiaje, el gobierno anunció que en las próximas semanas enviará al Congreso un nuevo proyecto de ley de inteligencia artificial, uno que reemplazaría la iniciativa que ya está en segundo trámite en el Senado. Lincolao describió el objetivo como «entregar certezas, promover la innovación y establecer resguardos claros, sin frenar el desarrollo de una tecnología que avanza rápidamente». La decisión de retirar y sustituir un proyecto en curso —en lugar de perfeccionarlo— es, en sí misma, una señal de que el diseño regulatorio aún no tiene forma definitiva.
El anuncio más concreto en materia de gasto fue la propuesta de incorporar en el Presupuesto 2027 un banco de tokens de licencias premium de inteligencia artificial, mediante un concurso abierto para que personas de todo Chile puedan acceder a estas herramientas. La ministra justificó la iniciativa con una frase que resume la filosofía del plan: «Chile no puede limitarse a consumir inteligencia artificial, sino que también tenemos que crear con ella». El mecanismo exacto de ese concurso, sus criterios de adjudicación y su costo fiscal no fueron detallados en la cuenta pública.
Otros componentes del plan incluyen un laboratorio de IA del Estado para apoyar a ministerios y municipios, la creación de lo que el ministerio denomina la primera «fábrica o campus de IA» del país, y la capacitación de más de 5.000 funcionarios públicos a través del programa Stack Público. Junto al Centro Nacional de Inteligencia Artificial, la cartera desarrolló TAM-GPT, descrito como un modelo de lenguaje creado desde América Latina.
En el plano internacional, la subsecretaria Carolina Rossi destacó que desde abril de 2026 Chile se incorpora como Estado miembro asociado del CERN, el laboratorio mundial de física de partículas. Según la cartera, esa asociación abre acceso a licitaciones tecnológicas por más de 500 millones de dólares anuales y contempla más de 1.000 cupos anuales para estudiantes, profesionales e investigadores. El ministerio también mencionó gestiones con OpenAI, NVIDIA, Google, Salesforce y la Universidad de Stanford, aunque sin precisar el estado ni los términos de esas conversaciones.
Para el periodo 2026-2030, las metas declaradas incluyen implementar alrededor de 100 pilotos de IA en el Estado, capacitar a cerca de un millón de personas, impulsar la reconversión laboral de 100.000 trabajadores y lograr que el 30% de las empresas que realizan investigación y desarrollo utilicen el crédito tributario correspondiente.
Los detalles cuentan la historia. El plan chileno de inteligencia artificial es, en su arquitectura, un proyecto de expansión del Estado: laboratorios públicos, bancos de licencias financiados con presupuesto, fábricas de IA gubernamentales y capacitación masiva de funcionarios. Nada de eso es necesariamente inútil, pero la pregunta que el libre mercado plantea es si ese diseño desplaza o complementa a la inversión privada. Cuando el Estado compra tokens en bloque y los distribuye por concurso, fija precios implícitos, elige ganadores y construye dependencia de la burocracia. La alternativa —incentivos fiscales robustos para que empresas y ciudadanos accedan directamente a esas herramientas— brilla por su ausencia en los seis pilares anunciados. El crédito tributario para I+D aparece apenas como meta de adopción, no como eje del modelo. Esa elección de diseño, más que cualquier cifra de ejecución presupuestaria, es lo que definirá si Chile crea con la IA o simplemente la administra.
