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Chile redistribuye el costo de la sala cuna: el empleador paga, el fondo de cesantía cede

La Comisión de Educación del Senado despachó a Hacienda el proyecto que crea un fondo solidario financiado con una cotización patronal de 0,35%, compensada con recortes en las cuentas de cesantía. La reforma promete eliminar un siglo de distorsión laboral contra la mujer, aunque no sin polémica.
Imagen ilustrativa
jueves 9 de julio de 2026

La escena lo dice todo. Tres días de votaciones, un mecanismo de financiamiento que toca el bolsillo del empleador y los ahorros de cesantía de los trabajadores, y una sala de comisión dividida entre quienes celebran un hito histórico y quienes advierten que el proyecto no cumple lo que promete. Este miércoles, la Comisión de Educación del Senado aprobó y despachó el informe del proyecto de sala cuna universal, que ahora continuará su tramitación en la Comisión de Hacienda.

El corazón de la iniciativa es la creación de un fondo solidario de sala cuna financiado mediante una cotización de 0,35% a cargo del empleador. Para que ese costo no sea enteramente nuevo, el proyecto lo compensa con dos reducciones: una baja de 0,2% en la tasa destinada a las cuentas individuales de cesantía (CIC) y una reducción de 0,15% en la tasa al Fondo de Cesantía Solidario (FCS). En otras palabras, parte del financiamiento proviene de recortar aportes que hoy van a proteger a los propios trabajadores en caso de desempleo.

El proyecto también incorporó la posibilidad de copago por parte de las familias y amplió la cobertura a recintos con autorización de funcionamiento, no solo a los que cuentan con reconocimiento oficial del Ministerio de Educación. Esos dos ajustes, aprobados durante la revisión en particular, definen los contornos reales del beneficio.

La ministra de la Mujer, Judith Marín, celebró el avance y afirmó que «hoy comenzamos a hacernos cargo de terminar con la discriminación hacia las mujeres en el mundo del trabajo», añadiendo que espera que la iniciativa se convierta en ley en el corto plazo.

El senador independiente Rojo Edwards calificó el momento como «bastante histórico» y subrayó el diagnóstico que subyace a la reforma: «Durante más de un siglo la contratación de mujeres implicó un mayor costo para los empleadores, lo que incidió en brechas de participación laboral y desempleo femenino». El argumento es técnicamente sólido. Cuando la obligación de financiar la sala cuna recae exclusivamente sobre quien contrata a una madre, el incentivo perverso es contratar a alguien más. Distribuir ese costo entre todos los empleadores —vía fondo solidario— elimina ese desincentivo.

Pero no todos en la sala compartieron el entusiasmo. La senadora DC Yasna Provoste cuestionó la iniciativa con dureza: «La Moneda engaña cuando dice que es universal y no es sala cuna, porque no tiene los estándares de calidad y no asegura los derechos de niños y niñas de nuestro país». La crítica apunta a la cobertura ampliada a recintos con mera autorización de funcionamiento, un umbral que, según sus detractores, puede abrir la puerta a establecimientos de calidad dispar.

El proyecto avanza ahora a la Comisión de Hacienda, que deberá examinar con lupa el impacto fiscal y actuarial del rediseño del financiamiento. La pregunta que esa instancia tendrá que responder no es menor: ¿cuánto de la reducción en las cotizaciones de cesantía se traduce, en el largo plazo, en menor protección para los trabajadores que queden desempleados?

Los detalles cuentan la historia. El mecanismo elegido para financiar el fondo no crea dinero nuevo: redirige recursos que ya existían en el sistema de seguridad social. Eso es una decisión de política pública legítima, pero también es una transferencia con ganadores y perdedores que la tramitación en Hacienda deberá cuantificar con precisión.

Para Hemisferio, el fondo de sala cuna ilustra un principio que el libre mercado lleva décadas señalando: cuando el Estado impone costos asimétricos sobre la contratación de un grupo, ese grupo termina pagando el precio en forma de exclusión. Corregir esa distorsión centenaria es una victoria para la libre empresa y para las trabajadoras. El interrogante legítimo es si el vehículo elegido —recortar aportes a la cesantía individual para financiar un fondo colectivo— introduce una nueva distorsión en lugar de resolver la anterior. La Comisión de Hacienda tiene ahora la palabra, y su dictamen determinará si este proyecto es, en efecto, la corrección que promete o un nuevo reparto de costos disfrazado de universalidad.

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