En el octavo piso de un edificio frente a La Moneda, Ximena Lincolao trazó en una pizarra la idea que hoy ordena el cambio de rumbo del gobierno en inteligencia artificial. La ministra de Ciencia sostiene que Chile no puede quedarse atrás en una transformación que, a su juicio, ya está reconfigurando el mercado laboral, la educación y la competencia tecnológica.
La escena lo dice todo. Durante una gira por Estados Unidos junto al Presidente José Antonio Kast, Lincolao dice que escuchó en Nueva York y en la Casa Blanca una misma advertencia: América Latina se está quedando atrás en la carrera por la IA. Al volver a Chile, reforzó una convicción que hoy empuja el giro regulatorio: el país debe desarrollar IA, formar talento, atraer inversiones y lograr que las empresas chilenas entren en una industria de alcance global.
Esa lectura está detrás de la indicación sustitutiva que prepara el gobierno para reemplazar el proyecto original sobre inteligencia artificial. La propuesta elimina las categorías de riesgo y las cambia por una ley marco flexible, orientada a habilitar la innovación. Lincolao defiende ese diseño con una frase que resume el fondo del debate: «El dilema entre innovación y seguridad en la IA es un falso dilema».
Según la ministra, la discusión anterior estaba anclada en una mirada basada en riesgos y miedos, propia de una etapa que ya cambió. Ahora, dice, la prioridad es habilitar el desarrollo, la creación, el testeo, la experimentación, la adopción y la educación. En su argumento, la inteligencia artificial debe entenderse como infraestructura crítica, «como la nueva electricidad», y por eso la ley debe tener una mirada amplia y de largo plazo.
El nuevo enfoque no borra las preocupaciones. Lincolao reconoce riesgos vinculados con agentes de autonomía creciente, ciberseguridad, pérdida de empleos y urgencias energéticas. También menciona incidentes protagonizados por agentes de IA y afirma que el debate de los últimos días no trata de frenar la inteligencia artificial en general, sino modelos nuevos específicos, como Astra, de OpenAI.
Pero la ministra insiste en que Chile no puede responder con una regulación cerrada sobre sí misma. A su juicio, el país necesita subir las exigencias en varias áreas, y una de ellas es la ciberseguridad. Dice además que la libertad de innovación que tiene Estados Unidos existe porque allá hay reglas muy estrictas y sanciones ejecutables.
En ese marco, la indicación sustitutiva incluiría el uso de estándares internacionales en el desarrollo, la implementación y la evaluación de inteligencia artificial y de tecnologías conexas. Lincolao argumenta que Chile no debe recrear una solución que solo funcione dentro de sus fronteras, porque eso terminaría desincentivando la llegada de innovación y empujando a los creadores locales a salir del país para adaptarse al mundo externo.
La estrategia también se cruza con otra pieza legislativa. La ministra menciona un proyecto sobre deep fakes que ya está en la Cámara de Diputados y que, según dice, contempla sanciones claras e incluso cambios en el Código Penal. En la ley marco, en tanto, se habilitaría la ejecución de sanciones por el mal uso de la IA con mayor claridad, mientras que en el caso de los deep fakes la exigencia sería bajarlos de inmediato, en 48 horas, sin que la persona tenga que ir a tribunales.
Hay una idea de fondo que atraviesa toda la conversación: la presión por no llegar tarde a una tecnología que avanza rápido y redefine incentivos. Lincolao insiste en que, si Chile actúa solo como observador, se convierte en pasajero. Para ella, el país debe entrar a la industria, no mirar desde la orilla.
La discusión sobre inteligencia artificial, en el fondo, revela algo más grande que una norma técnica. Revela si Chile quiere ser un espacio que habilita inversión, competencia y empleo nuevo, o si prefiere una tramitación que termine aislando a sus propios desarrolladores. En una economía pequeña, esa diferencia importa mucho más que la retórica regulatoria.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. El gobierno apuesta a una ley marco que reduzca fricciones, dé espacio a la innovación y no asfixie a las empresas con una clasificación rígida de riesgos. El desenlace dirá si el Estado opta por acompañar el cambio tecnológico o por levantar barreras que, en nombre de la cautela, pueden terminar castigando al contribuyente, a la inversión y a la creación de valor en Chile.
