Este lunes, la Comisión Mixta despachó el proyecto de ley que perfecciona los mecanismos para concretar las órdenes de expulsión administrativa. El texto avanza después de un acuerdo valorado por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y por la presidenta de la comisión, la senadora Danisa Astudillo.
Uno de los cambios centrales es la nueva facultad que tendrá la Policía de Investigaciones para ingresar a un domicilio con autorización de un juez de garantía, siempre que exista una orden de expulsión debidamente afinada. Según Pavez, hoy la PDI no cuenta con esa atribución para detener a una persona y materializar su expulsión cuando ya existe una orden vigente.
El gobierno también destacó otro ajuste: el aumento del plazo mínimo de prohibición de ingreso a Chile, que pasa de los actuales tres años a cinco. De acuerdo con la subsecretaría, quienes sean objeto de una expulsión quedarán sometidos a un período mínimo de cinco años sin poder reingresar al país, bajo las condiciones fijadas por la nueva normativa.
La iniciativa además permite que no sea necesario esperar el término completo de un procedimiento penal para ejecutar la expulsión de una persona extranjera en situación irregular. Pavez sostuvo que, en ciertos delitos y bajo las condiciones previstas, una persona irregular puede ser expulsada sin que el proceso penal concluya por completo.
Astudillo, en tanto, afirmó que hubo voluntad del Ejecutivo y de parlamentarios de distintos colores políticos para llegar a un consenso. Señaló que la propuesta fue trabajada en múltiples sesiones y que todas las votaciones pendientes y los artículos agregados se aprobaron de manera unánime.
La escena lo dice todo. En un tema donde el Estado suele quedar atrapado entre trámites, plazos y recursos, el proyecto busca acortar la distancia entre la orden y su ejecución. No cambia el problema de fondo, pero sí refuerza la capacidad institucional para hacer valer una decisión administrativa ya tomada.
Para entender el presente hay que volver a esa semana: aquí el eje no es solo migratorio, sino de autoridad. La pregunta es si las reglas existen para ser cumplidas o para ser administradas hasta vaciarse de contenido. Con más herramientas para la PDI, más plazo de prohibición de ingreso y menos espera para ejecutar ciertas expulsiones, el desenlace favorece una señal de orden que el contribuyente y el país terminan pagando cuando el aparato estatal no logra actuar a tiempo.
Los detalles cuentan la historia. Este proyecto no resuelve por sí solo la complejidad migratoria ni las tensiones del sistema penal, pero sí empuja en una dirección clara: más ejecución, menos dilación y menos margen para que la burocracia convierta una expulsión en un trámite interminable. En esa definición se juega algo más profundo que una reforma técnica: la capacidad del Estado de imponer sus propias fronteras y sus propias resoluciones.
