La escena lo dice todo. En una misma jornada, el canciller transandino, Pablo Quirno, puso sobre la mesa las relaciones comerciales entre Punta Arenas y las islas Malvinas, advirtió que existen «acuerdos vigentes» entre Argentina y Chile y sostuvo que desde el gobierno de Javier Milei esperan que «se cumplan los tratados».
El mensaje llegó después de conocerse el viaje a Punta Arenas de empresarios de la firma británica Thales UK Limited, con el fin de asistir a un foro empresarial en la capital magallánica. Esa visita coincidió con gestiones para abrir una ruta marítima comercial directa entre la ciudad chilena y el archipiélago.
Desde el Congreso chileno, los diputados republicanos Alejandro Riquelme, representante de Magallanes, y Álvaro Carter, presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara, respaldaron el derecho de Chile a mantener conexiones comerciales con las islas. Ambos pidieron a la Cancillería apoyar la proyectada ruta comercial desde Punta Arenas.
Riquelme dijo que para noviembre está previsto el zarpe de un buque desde Punta Arenas hacia las Malvinas. A partir de eso, planteó que «el progreso de Magallanes, el libre comercio de Chile y de Magallanes no puede estar supeditado a las diferencias que pueden existir entre Argentina y Gran Bretaña».
También anunció que enviará un oficio a Cancillería para solicitar un pronunciamiento sobre las declaraciones argentinas y pedir respaldo del gobierno a «la legítima ruta comercial entre Punta Arenas y las islas».
En sus palabras más duras, Riquelme acusó que «hay un intento sistemático del gobierno del Presidente Javier Milei de impedir el libre comercio entre Chile y las Islas Falkland». Añadió que eso podría generar «un nuevo conflicto entre Chile y Argentina», aunque afirmó que «quien está generando el conflicto claramente es el Presidente Javier Milei al no respetar los tratados internacionales y los tratados que tenemos entre Chile y Argentina de límites y fronteras».
El diputado fue más lejos al invocar normas y tratados para sostener su posición. Dijo: «Acá hay que ser súper claro, la Convención del Mar, el Tratado de 1881 y el Tratado de 1984 permiten el libre desplazamiento por el Estrecho de Magallanes hacia y desde el Atlántico. Ningún país, ni Chile ni Argentina, puede impedir el libre derecho de una empresa chilena de comerciar con las Islas Falkland».
Carter, por su parte, afirmó que «Argentina no puede reclamar algo que Chile tiene todo el derecho». Aunque reconoció que Chile mantiene una política exterior respecto a la reclamación argentina sobre las Malvinas/Falklands, sostuvo que «Chile tiene derecho siempre a decidir con quién o no llevar a cabo transporte o comercio».
El titular de la Comisión de Defensa agregó que espera que el país mantenga esa posición y «permita que Punta Arenas continúe con su intercambio con las islas».
También sostuvo: «Hoy día estamos sumamente claros de que se va a mantener el comercio con las Malvinas/Falklands. Por lo tanto, insistimos, nosotros como país no podemos permitirnos entrar en un bloqueo económico con alguien que ha sido aliado nuestro durante 50 años, que son los ingleses».
Para entender el presente hay que volver a esa semana. Lo que aparece en la superficie como una controversia diplomática es, en el fondo, una discusión sobre quién fija las reglas del comercio y cuánto espacio queda para que una región como Magallanes desarrolle una ruta propia sin que la burocracia o las disputas históricas se conviertan en un freno.
La tensión no es menor. En un lado está la advertencia argentina, que exige que se cumplan los tratados. En el otro, una bancada que insiste en que el libre comercio entre Chile y las islas no debe quedar subordinado a una disputa soberana que no resuelve las necesidades inmediatas de una economía regional.
Los protagonistas ya marcaron sus posiciones. Ahora el desenlace dependerá de lo que haga Cancillería y de si el gobierno chileno decide respaldar, matizar o desactivar la ruta marítima proyectada. En juego no solo está una conexión comercial; también está el principio de que el intercambio entre privados y regiones no debiera quedar rehén de la política exterior cuando hay tratados y libertades de por medio.
Desde esa perspectiva, el caso expone una pregunta de fondo: si Chile quiere más actividad, más logística y más oportunidades para Magallanes, ¿va a defender la libre empresa o va a dejar que la presión externa cierre una vía comercial antes de que nazca? En esta pulseada, el costo de ceder no lo paga la diplomacia. Lo paga la economía real, la de quienes operan, invierten y dependen de que el comercio siga su curso.
