La escena lo dice todo. El ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, eligió Ercilla —corazón de La Araucanía— para entregar la cuenta pública de la Segpres. No fue un auditorio capitalino ni una sala de prensa en Santiago. Fue un municipio que conoce de cerca lo que cuesta el estancamiento.
En su intervención, García Ruminot no midió las palabras. «Llevamos un par de años en que nuestra economía crece solo entre un 1% y un 2%», dijo. «Pero hay otra cifra más alarmante: el desempleo en Chile está en una fase crítica». La tasa, precisó, se ubica en un 9,4%, la más alta de los últimos cinco años, con casi un millón de desempleados. A eso sumó otro dato de peso: dos millones y medio de personas trabajan en la informalidad, sin contrato, sin cotizaciones previsionales, sin derecho a vacaciones.
El cuadro que trazó el titular de la Segpres no dejó margen para la complacencia. Cuatro meses de gobierno y el diagnóstico es claro: Chile necesita cambiar de rumbo.
La cuenta regresiva del megaproyecto
El eje de la presentación fue el llamado urgente al Senado. García Ruminot anunció que el martes 4 de agosto debería concluir la etapa legislativa del megaproyecto impulsado por el presidente José Antonio Kast. Según el ministro, la semana previa a la cuenta pública el proyecto fue despachado «en casi la totalidad de sus artículos» tras tres meses desde su ingreso al Congreso. Solo resta una norma por aprobar: ya cuenta con el visto bueno de la Cámara y aguarda la votación en el Senado.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. La iniciativa, que el Ejecutivo describe como la reforma clave para revertir el estancamiento, contempla medidas para «volver a crecer», otorgar certeza jurídica a los inversores, modificar la carga impositiva y generar incentivos al empleo. En palabras del propio García Ruminot: «Para que el país vuelva a ser competitivo a nivel regional».
Uno de los puntos que el ministro destacó con más énfasis fue la reducción del impuesto de primera categoría, del 27% al 23%. El argumento es directo: Chile tiene una de las tasas más altas entre los países de la OCDE, lo que erosiona su atractivo para la inversión tanto extranjera como doméstica. «¿Estamos haciendo locuras? ¿Estamos haciendo leseras? No», respondió García Ruminot a sus propias preguntas, con una franqueza poco habitual en el lenguaje de la burocracia ministerial.
La lógica es la del libre mercado en su versión más elemental: menos carga impositiva sobre las empresas equivale a más inversión, y más inversión se traduce en empleo formal de calidad. No es una ecuación ideológica; es la experiencia de las economías que recuperaron competitividad en la última década.
33 mensajes, 23 leyes
Más allá del megaproyecto, García Ruminot presentó un balance de la actividad legislativa del Ejecutivo: 33 mensajes presidenciales presentados al Congreso en cuatro meses, de los cuales 23 ya son ley. «Algunos de estos proyectos han sido aprobados por unanimidad, otros han sido aprobados por mayoría, pero todos han contado con respaldo parlamentario», subrayó el ministro.
Los detalles cuentan la historia. Un gobierno que en cuatro meses convierte en ley casi dos tercios de sus iniciativas legislativas no está paralizado; está trabajando. La pregunta que queda abierta es si el ritmo alcanza para torcer indicadores tan pesados como una tasa de desempleo del 9,4% o una masa de dos millones y medio de trabajadores sin derechos previsionales.
Lo que está en juego
Hemisferio lee la situación así: Chile lleva años pagando el costo de una política tributaria que alejó capitales y encareció la creación de empleo formal. La reducción del impuesto de primera categoría no es un regalo a los grandes conglomerados; es una corrección de un error que golpea, sobre todo, a los trabajadores informales que el sistema actual no puede absorber.
El megaproyecto no resolverá el problema por sí solo. Pero su despacho es la señal que los inversores —nacionales e internacionales— están esperando para decidir si Chile vuelve a ser un destino confiable. Esa señal tiene fecha: martes 4 de agosto. El Senado tiene la palabra.
