La escena lo dice todo. En el centro de la conversación que propone Florencia Álamos, presidenta ejecutiva de IInara, no hay superhéroes emocionales ni soluciones mágicas: hay vínculos, rutinas, escuelas y adultos significativos capaces de amortiguar la adversidad temprana.
Álamos plantea que el diálogo entre ciencia y política pública es clave para tomar decisiones eficaces si el objetivo es fortalecer el bienestar de niños y adolescentes. IInara, dice, reúne a investigadores de seis universidades del país para buscar evidencia que contribuya a ese propósito.
Su diagnóstico parte de un giro conceptual. Durante años, explica, el foco estuvo puesto en las experiencias adversas de la primera infancia y en cómo podían afectar el neurodesarrollo, la salud física y la salud mental. Pero hoy, agrega, la ciencia también muestra que existen factores benevolentes que pueden actuar antes de que la adversidad se traduzca en daño o psicopatología.
Esos factores, sostiene, no son extraordinarios ni reservados para casos excepcionales. Son cotidianos: un adulto significativo en los primeros años de vida, pares en la adolescencia, rutinas, una escuela donde los niños se sientan cuidados. En su visión, esos elementos ayudan a amortiguar un estrés que puede volverse permanente, frecuente e intenso.
Cuando habla del impacto biológico de la adversidad, Álamos describe un proceso concreto: violencia, negligencia o abandono activan una y otra vez el sistema de estrés; sube la secreción de cortisol; y, si no hay un adulto que contenga, el estrés se vuelve tóxico. Con el tiempo, dice, el sistema nervioso se modifica en un intento por adaptarse al entorno, el cerebro empieza a leer el contexto como una amenaza permanente y la infancia queda instalada en estado de alerta. Pero añade un matiz crucial: no es irreversible.
Ese punto sostiene buena parte de su argumento. Para Álamos, la resiliencia no debe entenderse como una suerte de superpoder individual que unos tienen y otros no. La considera un fenómeno complejo y dinámico en el que pesan los contextos: el barrio, la escuela y la familia.
Desde esa lógica, las políticas públicas no deberían concentrarse solo en el individuo, sino en las capas que lo rodean. La experta dice que en los primeros años de vida existe una plasticidad cerebral tan alta que programas, intervenciones o vínculos pueden «mover la aguja» con facilidad. Por eso, afirma, es un terreno «muy eficiente» desde el punto de vista de política pública.
Álamos también mira hacia la adolescencia como otra ventana de oportunidad. Ahí, dice, aparecen fenómenos como la toma de decisiones, el juicio, la autorregulación y la capacidad de formar relaciones con otras personas. Es una etapa, añade, particularmente atractiva para intervenir con inteligencia y sin retórica vacía.
La familia ocupa otro lugar central en su diagnóstico. Habla de una «reconfiguración» familiar y de «deudas pendientes» en Chile. También destaca el desarrollo de habilidades parentales como algo que sí se puede aprender. Junto con eso, insiste en el barrio y en la escuela como espacios decisivos.
Sobre la escuela, su lectura es clara: Chile tiene un nivel de cobertura escolar «envidiable» respecto de otros países de Latinoamérica, pero los profesores ya no dan abasto en muchas funciones. Aun así, dice, es allí donde los niños debieran sentirse protegidos y donde se pueden explotar miles de talentos. Su propuesta no es cargar más a los docentes, sino entregarles más herramientas para responder a climas cada vez más complejos.
El dato más duro de la entrevista aparece cuando habla de una comparación internacional. Según un estudio de Unicef sobre bienestar infantil publicado este año, construido con tres categorías —salud física, salud mental y desarrollo de competencia—, Chile ocupa el último lugar entre 37 países que pudieron ser evaluados porque tenían datos comparables.
Ese resultado ayuda a explicar por qué la discusión que plantea Álamos no es académica ni ornamental. Es una discusión sobre prioridades públicas, sobre cuánto invierte una sociedad en sus niños y sobre qué pasa cuando la política deja ese trabajo en manos del azar familiar o de la capacidad de absorción de las escuelas.
Si la resiliencia depende del entorno, el costo de no intervenir también es colectivo. El problema no es solo el daño temprano; es la resignación institucional frente a ese daño. Cuando una sociedad normaliza que la infancia se defienda sola, termina aceptando que el Estado llegue tarde, que la escuela haga de contención sin recursos suficientes y que la familia cargue sola con responsabilidades que exceden sus fuerzas.
Ahí está el giro de fondo. No se trata de vender optimismo fácil, sino de reconocer que la evidencia obliga a cambiar el enfoque. Y si Chile quedó último en un índice de bienestar infantil, la pregunta ya no es si hay un problema. La pregunta es cuánto tiempo más puede permitirse seguir administrándolo con parches y buena voluntad.
