La escena lo dice todo. Una sesión virtual, un punto de acuerdo presentado el 29 de julio por el diputado del PRD Pablo Trejo Pérez, y una Comisión Permanente que lo aprueba el 1 de agosto. El resultado: el Congreso de la Ciudad de México exhortó formalmente a la Secretaría de Educación Pública a valorar la puesta en marcha de un Acuerdo Educativo Nacional para regular el uso de teléfonos celulares, herramientas de inteligencia artificial y redes sociales dentro de los planteles durante el horario de clases.
El argumento central del legislador es difícil de ignorar. Según las cifras citadas en el comunicado del Congreso capitalino, el 67.7% de las niñas y los niños de entre seis y 11 años en México ya utilizan un teléfono celular, proporción que sube al 92.2% entre adolescentes de 12 a 17 años. Para Trejo Pérez, esos datos ilustran la presencia cotidiana de los dispositivos en la población estudiantil y, al mismo tiempo, la magnitud del problema.
«Afecta directamente la concentración, el rendimiento académico y la convivencia escolar, exponiendo además a nuestro alumnado a graves riesgos propios del entorno digital, como el ciberacoso, el grooming y el sexting», sostuvo el diputado durante la sesión, según el comunicado del Congreso de la CDMX.
El exhorto no impone una política: pide a la SEP que evalúe si pone en marcha ese acuerdo nacional y que, en caso de hacerlo, fije medidas y acciones concretas para el entorno escolar. El documento plantea que el diseño del instrumento se realice con la participación de los actores e instituciones que integran el Sistema Educativo Nacional.
Trejo Pérez miró hacia afuera para sostener su propuesta. Citó el caso de los Países Bajos, donde, según su posicionamiento, tras limitar el uso de celulares para reducir distractores, el 75% de las escuelas secundarias evaluadas reportaron una mejora en la concentración de los estudiantes. «Mirar las experiencias internacionales resulta indispensable para dimensionar la magnitud y la urgencia de este desafío», afirmó.
El exhorto no surge en el vacío. El comunicado del Congreso capitalino recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el pasado 20 de julio una regulación nacional del uso de celulares en escuelas de educación básica, con el objetivo de que, antes de que termine el año, todas las entidades adopten lineamientos que limiten su uso durante la jornada escolar y busquen proteger la salud física, mental y el rendimiento académico de niñas, niños y adolescentes. El Congreso de la CDMX también señaló que Sheinbaum había manifestado recientemente la necesidad de abrir un debate sobre la regulación del uso de teléfonos celulares en menores durante su estancia en las escuelas.
Los detalles cuentan la historia. Lo que en julio fue un anuncio presidencial se convierte en agosto en presión legislativa desde la capital. El aparato estatal se mueve en la misma dirección: más regulación, más burocracia educativa, más capas de acuerdo institucional antes de que cualquier medida llegue al salón de clases.
Para Hemisferio, el fondo del debate merece una lectura más fina. Que el 92.2% de los adolescentes mexicanos lleve un celular en el bolsillo no es, en sí mismo, el problema: es el síntoma de una transformación tecnológica que el sistema educativo no ha sabido procesar. La pregunta relevante no es si el Estado debe regular, sino si un acuerdo nacional diseñado por el mismo aparato que lleva décadas sin resolver los déficits de aprendizaje básico tiene la agilidad y la credibilidad para hacerlo bien. Las familias, los maestros y los directores de escuela —actores de libre empresa en el sentido más literal de la responsabilidad individual— llevan años tomando esas decisiones sin esperar un decreto. El riesgo de una regulación centralizada y uniforme es que llegue tarde, que ignore las diferencias entre contextos escolares y que convierta en burocracia lo que hoy algunos planteles ya resuelven con sentido común.
