La escena se repite a diario en miles de aulas de Sinaloa: el maestro habla, el alumno teclea. El Congreso del Estado decidió que eso tiene que cambiar.
En sesión ordinaria de la LXV Legislatura local, los diputados aprobaron con 35 votos a favor reformas y adiciones a la Ley de Educación y a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. El objetivo declarado: limitar el uso de celulares y otros dispositivos digitales durante el horario escolar, desde el nivel básico hasta la educación superior.
Las nuevas disposiciones son concretas. Los teléfonos y tabletas solo podrán utilizarse dentro de los planteles cuando exista un fin pedagógico o cuando se trate de una situación de emergencia. En ambos casos, la condición es la misma: autorización y supervisión del maestro o del director del plantel. Fuera de esos supuestos, el dispositivo permanece guardado.
Las reformas contemplan también la elaboración de protocolos para el uso responsable de estas herramientas, así como campañas de orientación y sensibilización dirigidas a estudiantes, padres de familia, tutores y personal educativo. La norma no solo regula al alumno; involucra a toda la comunidad escolar.
En el dictamen aprobado, los legisladores sinaloenses argumentaron que la medida busca establecer un equilibrio entre el aprovechamiento de las herramientas tecnológicas y la protección del derecho de los estudiantes a recibir una educación de calidad en espacios libres de distracciones. La Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología analizó diversas iniciativas presentadas tanto por legisladores como por ciudadanos, lo que —según el propio dictamen— refleja un amplio consenso en torno a la necesidad de atender la problemática desde una perspectiva educativa y de derechos humanos.
Los detalles cuentan la historia. Sinaloa no actúa en el vacío: varios países y estados han ensayado restricciones similares con resultados que el debate académico sigue midiendo. Lo que distingue a esta reforma es su alcance vertical —del kínder a la universidad— y su apuesta por la figura del docente como árbitro final del uso tecnológico en el aula.
Lo que está en juego
Hemisferio ve con buenos ojos que una legislatura local tome cartas en un asunto que los aparatos burocráticos federales han postergado durante años. La evidencia acumulada sobre distracción, rendimiento académico y exposición de menores a contenidos nocivos justifica, al menos, el experimento regulatorio. Que la iniciativa haya surgido de legisladores y ciudadanos —y no de un decreto ejecutivo— es un dato que merece subrayarse: así funciona la representación cuando funciona.
El riesgo, sin embargo, existe. Una norma mal implementada puede convertirse en letra muerta o, peor, en una carga burocrática adicional para maestros que ya cargan con demasiado. Los protocolos y campañas que contempla la ley serán la prueba real de si Sinaloa construyó una política educativa o solo un titular legislativo. La libre empresa y la innovación tecnológica no se oponen al orden en el aula; se oponen a la regulación caprichosa sin resultados medibles. Esta reforma, por ahora, apunta en la dirección correcta.
