La escena lo dice todo.
Cecilia Pérez eligió CNN Radio para romper el silencio. La presidenta de Azul Azul, exministra del Deporte y abogada de formación, salió a responder punto por punto las revelaciones publicadas por Pulso sobre la declaración que Alfredo Harz prestó ante la Fiscalía en el marco del caso Sartor. El tema: si Victoriano Cerda, otrora presidente de Huachipato, tuvo algún papel en la adquisición del control de la Universidad de Chile.
Según consignó La Tercera, Harz afirmó ante el Ministerio Público que Marinvest SpA —sociedad que dijo entender está vinculada a Cerda— habría aportado parte del financiamiento para la compra de las acciones de la concesionaria del club. Una afirmación que, de confirmarse, pondría en el centro de la investigación a un actor hasta ahora secundario en el relato público.
Pérez optó por la distancia institucional antes que por el detalle jurídico. «No quiero institucionalmente seguir refiriéndome a este tema», dijo, aunque no pudo evitar el comentario desde su trinchera profesional: «Me parece curioso, y lo voy a decir más bien desde mi formación de abogada, que ya se han dicho tantas cosas. Antes que era dueño, ahora que hizo un préstamo...»
La negativa fue categórica en un punto: la influencia de Cerda sobre las decisiones del club. «Jamás, jamás, ni Victoriano Cerda ni nadie me ha dado instrucciones de cómo llevar adelante el club, ni cuando era vicepresidenta, ni ahora que soy presidenta», sostuvo. Y fue más lejos: «Ni siquiera llamados telefónicos», remató.
Lleva casi cuatro años en el club —primero como vicepresidenta, luego como presidenta— y ese recorrido fue el argumento central de su descargo. No es una postura de crisis, pareció decir, sino el resultado de una trayectoria observada de cerca.
El otro nombre en el tablero es Michael Clark, el extimonel de Azul Azul que enfrenta un proceso de formalización en el marco de la misma investigación por la adquisición del control de la U. Pérez fue precisa en el plano legal —«la formalización es un derecho del imputado de ser investigado a plazos ciertos»— y aún más clara en el plano personal: «En lo humano, yo sigo confiando en Michael Clark».
No es una postura que sorprenda a quienes conocen su trayectoria. Pérez lo explicó con una convicción que sonó casi biográfica: «Yo tendría que nacer de nuevo para, estando en un rol, desconocer a familia o desconocer amigos». Y cerró con una imagen que eligió cuidadosamente, la del expresidente Sebastián Piñera visitando a un amigo en prisión durante una campaña electoral pese a las advertencias de su entorno: «A los amigos hay que verlos», recordó que dijo Piñera. «A esta altura de mi vida, no voy a cambiar», concluyó.
Los detalles cuentan la historia.
El caso Sartor lleva meses acumulando capas. Cada declaración ante la Fiscalía agrega un nombre, una sociedad, una transferencia. Lo que comenzó como una investigación acotada ha ido expandiendo su radio hasta alcanzar la cúpula de uno de los clubes más grandes del fútbol chileno. Pérez lo sabe, y su aparición pública no fue improvisada: fue una intervención quirúrgica para separar su gestión de los hechos que investiga el Ministerio Público.
Para Hemisferio, el episodio ilustra algo más amplio: la fragilidad de las estructuras de gobierno corporativo cuando la propiedad de activos de alto perfil —un club de fútbol, en este caso— no es transparente desde el origen. Las preguntas que hoy recaen sobre Azul Azul no son solo judiciales; son preguntas sobre quién manda realmente cuando la cadena de titularidad pasa por sociedades cuya vinculación se conoce, según las propias fuentes del caso, solo por inferencia. Esa opacidad no es un problema exclusivo del fútbol chileno, pero el fútbol tiene la virtud de volverlo visible.
