El proceso penal que durante varios años enfrentó a la periodista Lina Marcela Castillo con Hollman Morris cerró parcialmente a favor de Castillo. En segunda instancia, el Juzgado 55 Penal del Circuito de Bogotá confirmó la preclusión de buena parte de la actuación que se abrió contra la comunicadora tras las denuncias que hizo públicas en 2019 por presunto acoso sexual y laboral.
La decisión mantuvo la preclusión respecto de las manifestaciones públicas de Castillo relacionadas con los señalamientos de acoso sexual y amenazas. Además, declaró prescrita la acción penal por injuria.
En ese tramo del expediente, la jueza consideró que las declaraciones de Castillo estaban protegidas por la libertad de expresión y que constituían un ejercicio de denuncia pública frente a posibles hechos de violencia basada en género. La escena lo dice todo: el sistema judicial terminó reconociendo que una parte sustancial de lo que Castillo dijo no debía ser tratada como delito.
El caso se remonta a 2019, cuando Castillo hacía parte del entorno político del entonces concejal Hollman Morris. La periodista afirmó públicamente que había sido víctima de comportamientos que consideraba constitutivos de acoso sexual y laboral.
Entre los hechos que relató estaban comentarios sobre su cuerpo y su color de piel, solicitudes para que asistiera a la oficina con falda y un episodio durante un almuerzo laboral en el que aseguró que Morris le tocó las piernas.
Tras esas declaraciones, Morris presentó una denuncia penal por injuria y calumnia. Luego, la Fiscalía formuló acusación contra la periodista en marzo de 2023. El expediente avanzó durante varios años hasta que, en 2026, la Fiscalía decidió cambiar el enfoque con el que estaba siendo analizado.
Mediante una resolución del 23 de marzo, y luego de presión de defensoras de derechos humanos, el expediente fue trasladado a Marcela Abadía, fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia. La decisión buscó que el caso fuera estudiado con un enfoque especializado en violencia basada en género y no solo desde la perspectiva de la denuncia penal presentada por Morris.
A la vez, la justicia dejó vivo otro punto: un episodio distinto continúa bajo análisis judicial. Se trata de las declaraciones de Castillo sobre un supuesto atropellamiento. La periodista manifestó que un vehículo que, según su versión, hacía parte del esquema de seguridad de Morris habría intentado atropellarla.
Durante una audiencia, Castillo sostuvo que las consecuencias de sus denuncias se extendieron durante varios años y aseguró haber enfrentado amenazas, persecuciones y ataques. En una intervención citada dentro del proceso, manifestó que la situación había sido revictimizante.
En paralelo al proceso penal, Castillo presentó una acción de tutela contra la Fiscalía. Busca que se protejan sus derechos en relación con la manera como fue tramitada la investigación y con las garantías para denunciar públicamente hechos que considera constitutivos de violencia de género.
En agosto de 2026, la Corte Constitucional seleccionó la tutela para revisión. El expediente fue asignado a la Sala Sexta de Revisión, presidida por el magistrado Vladímir Fernández. Esa vía sigue abierta, separada del proceso penal que acaba de recibir esta decisión de segunda instancia.
Para entender el presente hay que volver a esa semana: el giro judicial no borra el conflicto, pero sí cambia el peso de la balanza. En la práctica, la justicia dejó en pie el espacio para la denuncia pública cuando está ligada a posibles hechos de violencia de género, un punto clave para la libertad de expresión y para el derecho de las víctimas a ser oídas.
También hay una lectura institucional más dura: cuando un caso tarda años en moverse entre denuncias, acusaciones, cambios de enfoque y recursos, el costo no lo paga solo una parte. Lo paga el país entero, en forma de desgaste judicial, incertidumbre y desconfianza en la capacidad del aparato estatal para responder con claridad y rapidez.
