La escena lo dice todo. El lunes, Delcy Rodríguez y su hermano Jorge presidieron en Fuerte Tiuna, el complejo militar de Caracas, la entrega de las primeras viviendas a damnificados por los terremotos del 24 de junio. Más de 240 familias recibieron llaves ante las cámaras. Ese mismo miércoles, el balance oficial sumó 52 muertos más y elevó el total a 5.398 fallecidos.
Casi un mes después del doble sismo de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudió la zona norte del país, los números del gobierno de Nicolás Maduro siguen moviéndose —a veces en direcciones que nadie explica.
Los datos que el régimen publica
Fue Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, quien difundió el balance más reciente en su cuenta de Telegram. Según ese informe, los heridos se mantienen en 16.740. Las personas que perdieron sus viviendas, sin embargo, fluctúan sin justificación: la cifra se había congelado en 17.907 desde el 7 de julio, bajó a 17.265 el martes y volvió a subir a 17.907 el miércoles. El alto funcionario no ofreció explicación alguna.
En los 107 campamentos transitorios habilitados por las autoridades se encuentran 23.335 personas, 213 más que el día anterior. Las autoridades señalan que 128.324 familias han sido atendidas. El balance oficial también contabiliza 856 edificios afectados y 190 colapsados, además de 1.463 réplicas registradas desde el doble terremoto.
El número que el gobierno no da
Las autoridades no ofrecen cifras de desaparecidos. Ese silencio lo llena una iniciativa ciudadana: la plataforma Desaparecidos Terremoto Venezuela, donde familiares reportan a personas en paradero desconocido, acumula más de 29.000 registros de individuos a los que no se ha podido contactar.
La brecha entre esa cifra y los datos oficiales es el indicador más elocuente de lo que ocurre en la zona norte del país. Cientos de edificios colapsaron en La Guaira. El 54% de los enfermeros que atienden la emergencia en esa zona presenta afectación psicológica, según información publicada por El Nacional. Los obispos venezolanos, por su parte, se han hecho eco de la indignación de víctimas que denuncian haber sido desatendidas por el Estado.
La trastienda de la ayuda
Dos firmas internacionales auditarán el fondo de ayuda para Venezuela tras los terremotos, según información disponible. La organización Global Empowerment Mission ha entregado asistencia a 55.000 familias afectadas. Los Topos Aztecas de México han llegado a Caracas para enseñar protocolos de actuación sísmica y desmontar mitos de evacuación.
En ese contexto, una confesión circula con fuerza en el debate público venezolano: un exministro de la era Chávez reconoció que la Misión Vivienda —el programa habitacional bandera del chavismo— se ejecutó sin estudios de suelo. «No hacíamos estudios de suelo», dijo, según reporta El Nacional. Los edificios que colapsaron en La Guaira no son, en ese relato, una tragedia imprevisible: son el desenlace de décadas de construcción política sobre cimientos técnicamente ignorados.
Lo que los números no dicen solos
Para entender el presente hay que volver a esa semana del 24 de junio. Venezuela llegó al terremoto con una infraestructura habitacional edificada bajo lógicas de propaganda y sin auditoría técnica independiente. El aparato estatal lleva casi un mes administrando la narrativa del desastre —actos en cuarteles militares, balances en Telegram, cifras que suben y bajan sin explicación— mientras más de 29.000 familias siguen buscando a sus muertos entre escombros que el gobierno aún no ha terminado de contar.
El principio en juego es simple: cuando el Estado concentra el poder de construir, de informar y de socorrer, también concentra la capacidad de ocultar el costo humano de sus propias decisiones. Los contribuyentes venezolanos —y la comunidad internacional que financie la reconstrucción— merecen cifras auditadas, no balances de Telegram con inconsistencias sin explicar.
