La escena lo dice todo. Decenas de viviendas rodeadas por el agua en los sectores de Sirivana y El Pretexto, en el municipio de Nunchía; familias abandonando sus hogares en plena crecida; bomberos voluntarios trabajando sin pausa durante la noche. Casanare enfrenta una emergencia invernal que sus propias autoridades califican como sin precedentes recientes.
Las lluvias ininterrumpidas de los últimos días provocaron el desbordamiento masivo de cinco cuencas hidrográficas: los ríos Casanare, Ariporo, Pauto, Cravo Sur y Tocaría. Sobre todos ellos se mantiene activa la alerta roja. El saldo preliminar, según los organismos de gestión del riesgo, supera las 4.200 familias afectadas, una cifra que las mismas autoridades advierten seguirá creciendo a medida que avancen los operativos en los sectores rurales más aislados.
La magnitud del evento obligó a la administración departamental a decretar la calamidad pública en todo el territorio. No es una formalidad burocrática: es la llave que abre los mecanismos de respuesta institucional y permite movilizar recursos de emergencia sin los tiempos ordinarios de la contratación pública.
Nunchía concentra los peores registros. El desbordamiento del río Tocaría sumergió sectores completos del municipio y forzó evacuaciones de urgencia. Pero la crisis no se detiene allí. En Yopal, Algarrobo, San Luis de Palenque y Hato Corozal, las autoridades locales estiman que más del 70% de la población ha sufrido afectaciones directas o indirectas. A las pérdidas de viviendas se suman áreas productivas arrasadas, vías colapsadas y poblaciones enteras aisladas por las aguas.
Las condiciones meteorológicas han imposibilitado las maniobras aéreas, de modo que las labores de evacuación y asistencia se realizan por vía acuática. Los Bomberos Voluntarios de Yopal mantienen jornadas ininterrumpidas, evacuando habitantes atrapados en fincas inundadas y rescatando animales de producción y compañía. A ellos se sumaron tropas de la Décima Sexta Brigada del Ejército Nacional, desplegadas en los sectores de mayor riesgo para coordinar el traslado de personas vulnerables a albergues temporales y transportar kits de alimentos, ropa y medicamentos hacia las zonas de difícil acceso.
La Gobernación de Casanare habilitó una convocatoria de ayuda humanitaria para recolectar agua potable, alimentos no perecederos, colchonetas, hamacas y pañales, y llamó a la ciudadanía a encauzar las donaciones a través de los canales oficiales. Los organismos de gestión del riesgo, por su parte, instaron a los habitantes a no intentar cruzar vías inundadas, mantenerse alejados de los ríos y acatar las órdenes de evacuación preventiva mientras persista la temporada de lluvias.
Los detalles cuentan la historia. Casanare es uno de los departamentos con mayor actividad petrolera de Colombia, una región donde la economía rural —ganadería, agricultura, agroindustria— sostiene a miles de familias. Cada hectárea productiva bajo el agua es una pérdida que el Estado no repondrá con ninguna declaratoria de calamidad. Las vías cortadas no son solo inconvenientes logísticos: son cadenas de suministro rotas, mercados incomunicados, costos que terminarán trasladándose al bolsillo de productores y consumidores.
Para Hemisferio, la emergencia en Casanare pone sobre la mesa una pregunta que el gobierno Petro ha eludido con comodidad: ¿cuánto de esta vulnerabilidad es climática y cuánto es institucional? La infraestructura de control de inundaciones, la inversión en obras de mitigación, la capacidad real de los sistemas de alerta temprana —todo eso se construye o se abandona con decisiones presupuestales concretas. Cuando más del 70% de la población de varios municipios resulta afectada por un evento invernal, la respuesta humanitaria es necesaria, pero no suficiente. Lo que Casanare necesita, y lo que el aparato estatal rara vez ofrece, es infraestructura que proteja la vida productiva de la región antes de que llegue la próxima temporada de lluvias.
