La escena lo dice todo. Un suboficial de la Policía Nacional, destinado a proteger a los ciudadanos de Chocó, habría convertido las necesidades económicas de sus colegas en una maquinaria de despojo. Al final del proceso judicial, el juzgado de control de garantías decidió que no era necesario enviarlo a prisión.
El imputado es el subintendente Yeison Andrés Mosquera Moreno, a quien la Fiscalía señala —junto a la civil Luz Miryam Marulanda Moreno— de haber diseñado, según el ente acusador, «un mecanismo fraudulento de créditos dirigido a integrantes de la Policía Nacional en Cértegui, Chocó».
El esquema, según la Fiscalía, funcionaba con una lógica simple y devastadora. Varios policías solicitaban préstamos de baja cuantía a su colega, quien al parecer les prometía tramitarlos ante una cooperativa para ofrecerles mejores condiciones crediticias. Como respaldo, el sospechoso les exigía firmar letras de cambio en blanco. Una vez saldadas las deudas, algunos de esos títulos valores no eran devueltos; por el contrario, habrían sido diligenciados con montos superiores a los pactados originalmente.
Las letras fueron endosadas a una cooperativa sin domicilio conocido, que procedió a demandar a los policías por mora. El resultado: a varias de las víctimas les embargaron hasta el 25% de sus salarios. En ese entramado, Marulanda Moreno figuraba, según la Fiscalía, como acreedora inicial en varios de los documentos utilizados para respaldar los cobros.
Los detalles cuentan la historia. Durante la audiencia, el fiscal del caso señaló que «los demandados manifestaron no conocer a sus demandantes y no haber suscrito ningún título valor». La prueba grafológica, añadió el funcionario, «afirma que no hay uniprocedencia entre la firma de las víctimas del proceso y las que están consignadas en el título valor». En otras palabras, las firmas habrían sido falsificadas.
A ambos implicados se les imputaron cargos por fraude procesal, falsedad en documento privado y enriquecimiento ilícito. Sin embargo, el juzgado consideró que no existían méritos suficientes para ordenar su reclusión en un establecimiento carcelario. Mosquera Moreno y Marulanda Moreno quedaron con detención domiciliaria mientras avanza la investigación. La Fiscalía dispone de un mes para recolectar más evidencias y formular el escrito formal de acusación.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. Trece policías —servidores públicos de uno de los departamentos con mayores índices de conflicto armado del país— vieron cómo una parte de su salario desaparecía mes a mes por una deuda que, según la evidencia grafológica, nunca contrajeron. El aparato judicial procesó el caso, imputó cargos y luego optó por la medida más benévola disponible.
Desde la línea editorial de Hemisferio, el episodio plantea una pregunta incómoda que va más allá del caso puntual: ¿qué mensaje envía el sistema cuando un funcionario uniformado, acusado de explotar la confianza de sus compañeros mediante documentos presuntamente falsificados, permanece en su domicilio mientras la Fiscalía busca pruebas adicionales? La detención domiciliaria es una figura legítima del ordenamiento jurídico colombiano, pero su aplicación sistemática en casos de presunta corrupción interna erosiona la credibilidad de las instituciones ante los propios agentes del Estado. Si la Policía ha de recuperar la confianza ciudadana en regiones como Chocó, donde el orden público depende de manera crítica de su cohesión interna, el sistema judicial tiene una responsabilidad que no puede delegarse en el tiempo.
