Un hacker que trabajaba para el cartel de Sinaloa identificó a un asistente legal adjunto del FBI en Ciudad de México y, según Reuters al cubrir un informe del inspector general del Departamento de Justicia publicado en junio de 2025, usó su número de teléfono para obtener registros de llamadas y datos de ubicación. Después recurrió a la red de cámaras de la capital mexicana para seguir sus movimientos e identificar a las personas con las que se reunía.
El informe dice que el cartel usó esa información para intimidar a posibles fuentes y testigos cooperantes y, en algunos casos, para matarlos. Esa escena lo dice todo: la amenaza ya no exige una operación clásica de espionaje. En la práctica, el economato de datos comerciales hace parte del trabajo sucio por los adversarios.
El propio autor de la pieza, un funcionario federal de seguridad y orden público durante 25 años, sostiene que la conclusión debería preocupar a cada autoridad de Seguridad Nacional y de aplicación de la ley. En una auditoría actualizada difundida la semana pasada, la Oficina del Inspector General del DOJ señaló que esta amenaza —la vigilancia técnica ubicua, o UTS— sigue afectando al Departamento.
La auditoría también determinó que el DOJ no tenía una definición común de UTS ni una coordinación adecuada sobre el tema, que pocas dependencias habían tomado medidas para mitigar el riesgo y que faltaba capacitación específica sobre UTS. Los detalles cuentan la historia. Cuando la burocracia no define bien la amenaza, tampoco puede defender bien a quienes la enfrentan.
El informe concluye que esas deficiencias ponen al Departamento y a sus empleados, investigaciones, operaciones, fuentes y testigos en mayor riesgo frente a amenazas de UTS. Para cualquier aparato estatal que se tome en serio el orden, ese dato debería ser una alarma.
La pieza añade otro elemento: en octubre de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional informó que los carteles habían puesto recompensas sobre agentes de ICE y de la Patrulla Fronteriza en Chicago. Las cifras reportadas fueron de $2,000 por doxxing o por reunir inteligencia sobre los agentes y de hasta $50,000 por matar a altos funcionarios.
No es una abstracción. El riesgo sigue a los oficiales hasta casa. Un agente puede allanar una casa de seguridad del cartel por la mañana y regresar por la noche a la misma comunidad donde ocurrió la detención. Sus hijos van a la escuela allí. Su familia va a la iglesia allí. El oficial entrena a un equipo infantil los sábados.
Ese es el desenlace que debería preocupar a cualquiera que todavía crea que la frontera es solo un debate político. Cuando los carteles conocen dónde viven los agentes, el problema deja de ser retórico y se vuelve personal. La protección de esas familias no es un detalle humanitario: es parte del costo real de sostener la ley.
Y ahí está la lección de fondo para Washington. Si el Estado no coordina, no define, no capacita y no protege, termina dejando a sus propios agentes expuestos frente a redes criminales que sí entienden el valor de la información. La libertad y el orden no se defienden con slogans, sino con instituciones capaces de resguardar a quienes ponen el cuerpo en la frontera.
