En el callejón San Carlos del sector Altos del Brasil, en el municipio Torres del estado Lara, un transformador con fallas estructurales se convirtió en una amenaza cotidiana para cerca de 30 familias. La avería también compromete el funcionamiento del Centro de Diagnóstico Integral (CDI) ubicado a pocos metros.
La escena lo dice todo: aceite dieléctrico vertiéndose sobre la capa asfáltica, humo saliendo del equipo y chispeo en las líneas de alta tensión. Según la información recogida en la zona, esa condición se ha agudizado durante las últimas tres semanas y ha derivado en variaciones extremas de voltaje.
El efecto ya se siente dentro de las viviendas. Los vecinos reportan que los equipos de refrigeración y climatización no logran mantenerse operativos y que los electrodomésticos se encienden y apagan de forma intermitente. Eso eleva el riesgo de pérdidas materiales y de un colapso total de la infraestructura eléctrica en la manzana.
Aide Montero, habitante y vocera de la comunidad afectada, dijo que el transformador «tiene tres semanas botando aceite y echando humo». También advirtió que las fluctuaciones constantes no permiten encender los aires acondicionados para soportar las altas temperaturas.
Montero añadió que temen una explosión como la registrada recientemente en la avenida de la urbanización Pedro León Torres. En el sector, explicó, hay adultos mayores, niños y un centro de salud al lado que no pueden quedar a oscuras.
La cercanía del CDI vuelve el problema más delicado. De acuerdo con la comunidad, una interrupción definitiva de la energía comprometería la cadena de custodia de medicamentos, la operatividad de equipos médicos de diagnóstico y la atención nocturna de emergencias en Altos del Brasil y comunidades circunvecinas.
Ante ese escenario, los vecinos colocaron demarcaciones de seguridad preventivas con cinta en el perímetro del poste para evitar el tránsito peatonal y vehicular bajo el flujo de aceite hirviente y cables expuestos. Es una medida improvisada, pero también una señal de cuánto se ha deteriorado el servicio básico en esa esquina de Carora.
Los residentes afirman que agotaron los canales formales con reportes directos a la empresa estatal Corpoelec y gestiones a través de la plataforma VenApp desde hace varios días. Sin embargo, señalan que no han recibido inspección técnica ni soluciones concretas para la sustitución o reparación del equipo.
La comunidad sigue en estado de alerta y exige la intervención urgente de las cuadrillas de Corpoelec antes de que la falla derive en un siniestro mayor o invalide la prestación de servicios médicos esenciales en la zona.
Para entender el presente hay que volver a esa semana: el problema no es solo un transformador dañado, sino la fragilidad de una red eléctrica que traslada el costo de la ineficiencia a las familias y al sistema de salud local. Cuando falla el aparato estatal, el riesgo no se queda en el poste; entra a las casas, interrumpe el trabajo cotidiano y pone en pausa servicios básicos que deberían ser inviolables.
También hay una lección de responsabilidad pública. Si un equipo con humo, aceite y cables expuestos permanece durante semanas sin solución concreta, el mensaje para los vecinos es que la burocracia llega tarde incluso cuando el peligro ya es visible. En una economía sana, la infraestructura no puede depender de la paciencia del usuario ni de la improvisación comunitaria. El mantenimiento, la respuesta rápida y la seguridad eléctrica son parte de la libertad de vivir y producir sin que cada apagón se convierta en una emergencia.
