Varias calles y avenidas céntricas de Caracas estarán cerradas este miércoles 7 de octubre por la instalación de tarimas y por una marcha convocada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para movilizar a sus simpatizantes.
Las vías sin acceso vehicular incluyen la avenida Bolívar, la avenida Urdaneta, la avenida Lecuna, la avenida Fuerzas Armadas, la avenida México, la avenida Libertador, la avenida Baralt y la avenida Universidad.
La restricción no es un hecho aislado. La agenda del partido de gobierno contempla una nueva movilización en la capital el próximo 12 de octubre para conmemorar el Día de la Resistencia Indígena.
Además, el dirigente del PSUV, Diosdado Cabello, informó que la programación continuará a finales de mes con el Congreso de la Juventud Indígena, previsto entre el 25 y el 31 de octubre. Cabello también indicó que la organización política mantendrá un despliegue permanente en el ámbito nacional en el marco de la campaña de la Consulta Popular Nacional, y recordó que restan 13 días para el proceso electoral previsto para el 18 de octubre.
La escena lo dice todo. En la capital venezolana, las decisiones políticas no se expresan solo en discursos o actos partidistas: también se traducen en cierres, desvíos y pérdida de movilidad para toda la ciudad. Cuando el aparato político toma las principales arterias viales, el costo no lo asume el partido que convoca, sino quienes deben circular, trabajar o simplemente intentar llegar a tiempo.
Ese es el verdadero trasfondo de una jornada como esta. El centro de Caracas queda subordinado a la lógica de la movilización permanente, mientras la vida urbana se adapta a la agenda del poder. Para cualquier economía, el libre desplazamiento es una condición básica de normalidad; cuando se interrumpe por decisión política, la factura cae sobre ciudadanos, comercios y transporte. Los detalles cuentan la historia.
