A solo ocho días de la interpelación en la Sala de la Cámara Baja, el canciller Francisco Pérez Mackenna regresó este martes a una comisión de Relaciones Exteriores marcada por la tensión constante entre el gobierno y diputados de oposición. La invitación era para explicar el discurso del Presidente José Antonio Kast en la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, en septiembre pasado, pero el debate derivó de inmediato hacia Venezuela, el Escudo de las Américas, el Sahara Occidental y Marruecos.
La escena lo dice todo. En una misma sesión se mezclaron seguridad, soberanía, coordinación internacional y el problema práctico de millones de personas afectadas por decisiones diplomáticas. Los protagonistas no discutieron un tecnicismo: discutieron hasta dónde llega la autonomía del Estado chileno cuando se integra a mecanismos de cooperación con Estados Unidos y qué hacer con una relación con Caracas que, por ahora, deja sin servicio consular a cientos de miles.
Pérez Mackenna insistió, como en la interpelación, en que la inclusión de Chile en el grupo que lidera el Mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, responde a una «declaración política no vinculante». Según el canciller, el objetivo principal es coordinar esfuerzos para «darle lucha transfronteriza a la delincuencia organizada transfronteriza».
En su explicación, agregó que en materia económica la coordinación busca ser más eficaz en el combate al crimen organizado y en la persecución de los activos que se infiltran en la economía real «a través de negocios lícitos, pero cuyo origen tiene que ver con dineros que provienen de la delincuencia, a través del lavado de dinero, a través de la compra de activos».
Ese punto importa más de lo que parece. Cuando el crimen organizado logra convertir ganancias ilícitas en activos y negocios legales, el costo no cae solo sobre las fuerzas de seguridad: también recae sobre la integridad del mercado, la propiedad y la competencia. Si esa es la amenaza que el gobierno dice enfrentar, la pregunta de fondo no es ideológica sino institucional: qué herramientas sirven de verdad para cortar el flujo de dinero sucio antes de que termine blanqueado en la economía real.
Otro frente fue el de las tierras raras y el llamado control de inversiones. Pérez Mackenna explicó que ambos conceptos están mencionados en la declaración del Escudo de las Américas y que se relacionan con el aseguramiento de las cadenas de suministro. Añadió que el documento también menciona la idea de construir una alternativa económica para quienes podrían salir de la delincuencia y pasar a una actividad legítima.
La oposición también presionó sobre el eventual uso del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, para coordinar acciones colectivas y cooperación militar contra organizaciones narcoterroristas. El canciller respondió que en la declaración conjunta, en los artículos 6 y 13, no se establece por sí mismo una acción militar ni el uso de la Fuerza Armada. Según dijo, el tratado convoca a un órgano de consulta para deliberar frente a amenazas a la soberanía y sus acciones deben ajustarse a la Carta de Naciones Unidas.
La trastienda de esa discusión es clara: cada fórmula de cooperación internacional trae consigo una pregunta por los límites del Estado. Para quienes defienden la soberanía, la letra del tratado importa tanto como su efecto político. Para quienes observan el avance del delito transnacional, la coordinación puede ser una necesidad antes que una concesión.
Pero el tramo más sensible de la sesión fue Venezuela. Sobre la decisión de retomar las relaciones consulares con Caracas, Pérez Mackenna sostuvo que se trata de una realidad que «nos golpea a diario». Dijo que en Chile hay alrededor de 700.000 venezolanos que no tienen servicio consular y que en Venezuela hay alrededor de 25.000 chilenos en la misma situación.
«Eso es un problema muy grande, un problema humano, un problema que debiéramos tratar de resolver», afirmó. Y agregó que el restablecimiento de relaciones consulares puede reponer a muchas de esas personas «la libertad de poder moverse, de poder tomar su propia decisión de dónde quieren vivir».
Ahí está el desenlace político más importante de la jornada. Más allá de la dureza retórica de la oposición y de las dudas sobre el rumbo diplomático del gobierno, el propio canciller terminó colocando el argumento en el terreno de la libertad individual y la solución de un problema humano concreto. En una región marcada por regímenes cerrados, el acceso a servicios consulares no es un asunto menor ni una formalidad burocrática: puede ser la diferencia entre estar atrapado o poder decidir.
Winter, por su parte, consultó si la postura del gobierno de Kast sigue siendo que la administración encabezada por Nicolás Maduro, y que hoy tiene a Delcy Rodríguez como presidenta encargada, es narcoterrorista. Pérez Mackenna no hizo comentarios sobre ese punto.
Guillermo Ramírez salió en defensa de la autoridad y cuestionó a su par por intentar ponerlo «entre la espada y la pared». Y Lorena Pizarro volvió a poner el acento en principios que, a su juicio, el Estado de Chile no debiera abandonar: soberanía, autodeterminación y respeto a tratados y convenciones internacionales de derechos humanos.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. La discusión no fue solo por una sigla, una declaración o un mecanismo multilateral. Fue, sobre todo, una disputa por el sentido de la política exterior: si debe priorizar la cooperación para enfrentar al delito, el resguardo de la soberanía o la protección de derechos concretos que hoy dependen de decisiones diplomáticas.
La línea de fondo es incómoda para cualquier gobierno: cuando la diplomacia se vuelve rehen de la ideología, el ciudadano paga el precio. Y cuando el Estado no resuelve sus vínculos consulares con rapidez, la carga cae sobre personas reales, no sobre los papeles de la burocracia.
En esa tensión se juega algo más profundo que una pelea parlamentaria. Se juega la capacidad del aparato estatal para proteger fronteras, defender la propiedad y dar certezas a quienes necesitan moverse, trabajar y vivir sin quedar atrapados por el desorden regional.
