La Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado debatirá y votará este jueves una iniciativa de un grupo de El Hierro que insta al Gobierno a promover acuerdos entre España y Marruecos sobre delimitación marítima.
La moción, de carácter no legislativo, será defendida por el senador de Agrupación Herreña Independiente, Aniceto Javier Armas. El objetivo es que Canarias deje de ser considerada un grupo de islas y pase a ser reconocida internacionalmente como un «archipiélago de pleno derecho».
La iniciativa llega en un contexto marcado por la polémica en las relaciones con Marruecos a raíz de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta de finales de julio. Ese telón de fondo no aparece solo como un episodio diplomático: recuerda que cuando el Estado deja zonas grises en sus fronteras marítimas, el costo político y de seguridad termina pagándolo la ciudadanía.
Según la moción, el senador herreño reclama al Gobierno la reactivación del grupo de trabajo para la delimitación de los espacios marítimos entre España y Marruecos, con representación del Ejecutivo de Canarias. También propone alcanzar acuerdos entre ambos países para lograr «la efectiva delimitación marítima» conforme al artículo 46.b del Tratado Internacional del Mar.
El texto añade que ese reconocimiento de Canarias como archipiélago de pleno derecho se buscaría «sin menoscabo de la soberanía española». La frase importa porque sitúa el debate en el terreno correcto: no se trata de un gesto simbólico, sino de una definición jurídica con efectos sobre la administración del espacio marítimo.
La escena lo dice todo. Mientras el Senado discute una moción presentada desde El Hierro, la pregunta de fondo es por qué España todavía depende de acuerdos pendientes para ordenar una frontera marítima sensible. En asuntos de soberanía, la ambigüedad suele beneficiar a quienes operan en la sombra y perjudicar a quienes deben hacer cumplir la ley.
Para entender el presente hay que volver a esa semana en la que la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta volvió a tensionar la relación con Marruecos. Desde entonces, el debate sobre la delimitación de aguas dejó de ser una cuestión técnica para convertirse en una prueba de capacidad estatal.
Los detalles cuentan la historia. La iniciativa no legislativa no cambia por sí sola la realidad sobre el mar, pero sí obliga a poner en claro una prioridad: si el Gobierno quiere defender con seriedad la posición de Canarias, debe sentarse a negociar, reactivar el trabajo conjunto y cerrar una zona de incertidumbre que hoy queda abierta.
En términos políticos, el giro es evidente. Un grupo de El Hierro ha llevado al Senado una reclamación que mezcla identidad territorial, soberanía y gestión efectiva de las aguas. En términos institucionales, el desenlace dependerá de si el Ejecutivo asume que las fronteras no se administran con declaraciones, sino con acuerdos firmes y cumplimiento estricto.
La lectura de fondo es incómoda para cualquier gobierno que prefiera dejar pasar el tiempo. Cada demora en esta materia alimenta la sensación de que el aparato estatal actúa tarde y a medias cuando se trata de proteger intereses estratégicos. Y en el caso de Canarias, esa protección no es un lujo: es una obligación básica del Estado.
Si la moción prospera, el mensaje será claro: la delimitación marítima con Marruecos ya no puede seguir relegada a la trastienda diplomática. Si no avanza, quedará otra vez en evidencia que los problemas de soberanía se acumulan cuando la política evita resolverlos con decisión.
