El Parque Nacional Canaima tiene nombre en los mapas satelitales: 148 puntos de extracción ilegal, 1.852,96 hectáreas intervenidas, 49 dragas activas en los ríos Caroní y Karuai. Los números provienen del 12º Informe de World Heritage Watch 2026, elaborado por la organización ambientalista SOS Orinoco, y pintan un cuadro que el aparato estatal venezolano prefiere no mostrar.
El estudio, basado en revisiones científicas y análisis satelitales que cubren el período 2018–2025, establece que entre 2024 y 2015 se perdieron otras 300 hectáreas adicionales dentro del parque, incluidas 72 hectáreas en la base del tepuy Chimantá. Ese dato solo —la erosión del pie de uno de los tepuyes más emblemáticos del planeta— resume la escala del deterioro.
Mercurio en las cuencas, sedimentos en el embalse
La mecánica destructiva es conocida pero no por eso menos grave. El mercurio utilizado para procesar el oro se extiende a lo largo de los ríos, contamina las fuentes de agua y pone en riesgo tanto la actividad pesquera como el abastecimiento de las poblaciones locales, según el informe. Las comunidades indígenas pemón —cuyo territorio ancestral se superpone con el parque— cargan con el costo más directo.
Las 49 dragas identificadas en los ríos Caroní y Karuai podrían movilizar, según los cálculos de SOS Orinoco, 7,5 millones de toneladas de sedimentos en un año, extrayendo más de 195 kilogramos de oro en ese mismo período. La organización estima el impacto socioambiental total de dichas actividades en 52,3 millones de dólares.
Hay una consecuencia que trasciende la ecología: la sedimentación amenaza el embalse de Guri, comprometiendo la operatividad de sus turbinas. Guri es la principal fuente de generación eléctrica de Venezuela. El saqueo del parque no es solo un problema ambiental; es una amenaza a la infraestructura energética del país.
El turismo sin reglas y el fuego
La minería ilegal no actúa sola. El informe identifica al turismo no regulado como otro factor clave en la degradación. Sobrevuelos en helicóptero y saturación de visitantes en las cimas de los tepuyes están vulnerando los límites ecológicos del área. A eso se suman los recurrentes incendios forestales y la proliferación de especies exóticas invasoras, combinación que acelera el deterioro de uno de los espacios naturales más importantes de Venezuela, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1994.
SOS Orinoco advierte que si no se implementan medidas para controlar la minería ilegal y desarrollar mecanismos de restauración ambiental, control del turismo y protección de los ecosistemas, el Parque Nacional Canaima podría enfrentar pérdidas irreversibles de biodiversidad.
La respuesta del régimen: culpar a las sanciones
Ante la Unesco, el gobierno venezolano presentó un informe que, según SOS Orinoco, minimiza el impacto de la actividad minera y atribuye las dificultades para enfrentarla a las sanciones internacionales. La organización cuestionó directamente esa narrativa.
El argumento es conocido en Caracas: cuando el Estado no protege lo que debe proteger, la culpa es siempre externa. Pero los análisis satelitales no distinguen entre sanciones y voluntad política; registran hectáreas, dragas y toneladas de sedimento.
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Lo que ocurre en Canaima es el retrato más fiel de lo que produce un Estado que no rinde cuentas y que ha convertido el territorio nacional en fuente de renta para quienes mandan. La minería ilegal no prospera en el vacío: prospera donde el aparato estatal mira hacia otro lado o, peor, donde participa del negocio. Que el régimen presente ante la Unesco un informe que minimiza el daño no es un error de diagnóstico; es una decisión.
El costo lo pagan los pemón, los ríos, las turbinas de Guri y, en última instancia, todos los venezolanos. El Valor Universal Excepcional que la Unesco reconoció en 1994 no se recupera con un informe diplomático. Se recupera con controles reales, con Estado de derecho y con la voluntad de anteponer el bien común al saqueo. Nada de eso abunda hoy en Venezuela.
