La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un proyecto de ley que busca ampliar los supuestos de suspensión provisoria de la licencia de conducir. La iniciativa, presentada por el diputado frenteamplista Ignacio Achurra y conocida también como Ley Toretto 2.0, obtuvo 137 votos a favor y ahora seguirá su tramitación en el Senado.
El proyecto nació a partir de la formalización de Pablo Izquierdo Reyes, quien en junio pasado fue sorprendido en la autopista Costanera Norte conduciendo a 264 kilómetros por hora. Por ese hecho fue formalizado por el delito de conducción temeraria. Pese a la velocidad y a que registraba una condena previa por conducción en estado de ebriedad, el tribunal no decretó la suspensión provisoria de su licencia.
Ese episodio abrió el debate parlamentario sobre un vacío normativo. Durante la discusión, los diputados remarcaron la necesidad de cubrirlo y sostuvieron que la propuesta no constituye una condena anticipada. Achurra defendió la medida como una forma de «sacar de circulación, sacar de la calle, a personas que creen que las carreteras son pistas de competición», y dijo que el resultado fue «absolutamente transversal, unánime».
La reforma apunta a modificar la ley 18.290, en particular su artículo 197. Según el texto aprobado, cuando un delito tenga asignada como pena principal o accesoria la suspensión, cancelación o inhabilitación de la licencia, el tribunal podrá decretar la suspensión provisoria desde la audiencia de control de detención, a petición del fiscal, el querellante o la víctima. La medida deberá quedar en la hoja de vida del conductor, salvo que, por resolución fundada, el juez estime que no resulta necesaria o proporcional.
El tiempo entre esa audiencia y la sentencia se imputará a la condena. En la práctica, el proyecto fortalece una herramienta cautelar para apartar del tránsito a conductores que, según el criterio judicial, representan un riesgo serio mientras se resuelve su caso.
La escena lo dice todo. Un automóvil a 264 kilómetros por hora, una condena previa por manejar ebrio y un tribunal que no pudo suspender la licencia de inmediato. En ese vacío, la política reaccionó. Y lo hizo con una votación sin fisuras.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. El giro no fue solo legislativo: fue también un recordatorio de que el Estado todavía arrastra zonas grises donde la seguridad vial depende demasiado de interpretaciones judiciales y demasiado poco de reglas claras. Cuando una norma no permite actuar a tiempo, el costo lo pagan peatones, conductores y familias enteras.
La propuesta ahora pasa al Senado con un mensaje político difícil de ignorar: la libertad de conducir no puede confundirse con el derecho a poner en riesgo a los demás. Si el Congreso quiere ordenar el tránsito, el principio que está en juego es simple: responsabilidad antes que impunidad, y protección de terceros antes que comodidad del infractor.
