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California sube el piso salarial del campo y reaviva el temor a alimentos más caros

La nueva ley elevará el salario mínimo de muchos trabajadores agrícolas a 19,75 dólares por hora, pero los productores advierten que el costo puede terminar en la mesa de los consumidores. El giro promete alivio para algunos empleados y más presión sobre una cadena ya golpeada por la inflación.
sábado 10 de octubre de 2026

Para entender el presente hay que volver a esa semana en California, cuando el gobernador firmó una ley que cambia el piso salarial de miles de trabajadores del campo y abre una nueva disputa sobre quién termina pagando la cuenta.

La norma eleva el salario mínimo para muchos farmworkers a 19,75 dólares por hora el próximo año bajo el programa federal H-2A, que trae trabajadores extranjeros para empleos temporales o estacionales. También aplica a trabajadores agrícolas domésticos que hacen tareas similares. Hoy ese mínimo es de 16,90 dólares por hora.

Los legisladores aprobaron la medida porque, dijeron, buscaban ayudar a algunos de los trabajadores peor pagados del estado. Señalaron además que muchos ya cobran por encima del mínimo. La autora del proyecto, la asambleísta Maggy Krell, dijo este año que se trata de un salario base que ayudará a los trabajadores agrícolas «que aportan tanto a California». También sostuvo que quienes hacen el trabajo duro, se levantan antes del amanecer y trabajan en los campos están apenas sobreviviendo, y que algunos ni siquiera logran salir adelante.

Pero en la trastienda, los productores ven otra película. Joe Del Bosque, agricultor del condado de Fresno desde hace muchos años y empleador de unos 150 trabajadores estacionales durante el verano, dijo recientemente a ABC 30 que puede haber consecuencias no previstas. Según Del Bosque, las granjas ya enfrentan costos crecientes de combustible, fertilizantes y otros insumos. Un mayor costo laboral, agregó, suma otro golpe.

Del Bosque sostuvo que el consumidor terminará pagando por ese encarecimiento a medida que se traslade a lo largo de la cadena de suministro. También dijo que la gente ya se queja de la asequibilidad, del precio de los alimentos, de la pérdida de empleos y de empresas que se van del estado, y que luego aprueban un proyecto que, aseguró, aumentará el costo para los agricultores y, finalmente, para los consumidores.

La escena lo dice todo. Mientras Sacramento presenta la medida como alivio para los salarios más bajos, el sector que produce esos alimentos advierte que el remedio puede salir caro para quien compra en el supermercado. Los detalles cuentan la historia: una intervención más del aparato estatal sobre un mercado ya presionado por inflación, costos de producción y competencia fuera de California.

Varias asociaciones de agricultores que se opusieron al proyecto coincidieron en esa lectura. En una carta a los legisladores, la Western Growers Association y otros grupos dijeron que imponer un mandato salarial adicional por sector hará todavía más difícil que estas empresas sigan siendo competitivas frente a productores de otros estados y países, mantengan la producción y preserven empleos en comunidades rurales.

Del Bosque también advirtió que los agricultores podrían verse obligados a reducir la cantidad de empleos o las horas de trabajo, con el efecto de terminar dañando a los propios trabajadores agrícolas. La nueva base salarial de 19,75 dólares por hora tampoco quedará fija: la ley prevé ajustes anuales para compensar la inflación y el aumento del costo de vida.

La Western Growers Association dijo en una publicación del 2 de octubre que estaba considerando acciones legales contra la ley. Ese dato anticipa un desenlace que todavía no está cerrado, pero que ya dejó claro el choque de fondo: cuánto puede subir el costo de la regulación sin que lo paguen, al final, las familias que compran comida.

El giro de California vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que la clase política suele esquivar: cuando el estado fija por decreto un costo más alto para producir, ¿quién absorbe la diferencia? La respuesta, según los productores, es simple y poco alentadora para el bolsillo de los contribuyentes y consumidores.

Si el objetivo era ayudar a quienes ganan menos, el riesgo es que la burocracia termine encareciendo alimentos y debilitando empleos rurales. En un sector que ya opera con márgenes ajustados, el mercado no desaparece: solo ajusta sus cuentas. Y casi siempre ese ajuste baja desde Sacramento y sube hasta la caja del supermercado.

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