Gov. Gavin Newsom firmó el viernes en North Hollywood la ley Assembly Bill 2319, que crea el primer crédito fiscal independiente de California para trabajos de posproducción.
El programa ofrecerá un crédito del 35% al 50% sobre gastos calificados en California para edición de imagen, sonido, música, efectos visuales y cierre final. A diferencia del incentivo ya existente para cine y televisión, las producciones que reciban este nuevo crédito no tendrán que filmar en el Estado Dorado.
La escena lo dice todo. Mientras California intenta contener la fuga de empleos del entretenimiento, el giro de Sacramento vuelve a ser el mismo: más alivio tributario, más competencia con otros estados y más dinero público para sostener una industria que ha visto salir trabajo y producción.
El nuevo programa empieza con 10 millones de dólares, muy por debajo de los 100 millones que había pedido inicialmente el asambleísta Nick Schultz. La legislatura terminó aprobando una décima parte de esa cifra, aunque el programa fue respaldado por el Motion Picture Editors Guild y por la California Post Alliance.
El paquete llega después de que California más que duplicara su programa más amplio de incentivos para cine y televisión, de 330 millones de dólares a 750 millones anuales, con fondos autorizados hasta el 30 de junio de 2030. Newsom también firmó el Senate Bill 186, que cambia el programa existente al eximir a ciertas producciones del tope de créditos corporativos, acelerar el periodo de reembolso de cinco a dos años para ciertos créditos reembolsables y extender de nueve a 15 años el plazo de viejos créditos no reembolsables.
En la trastienda, la disputa es más grande que una sola ley. Newsom ha instado a Rob Bonta a buscar un acuerdo extrajudicial en la batalla por la compra de Warner Bros. Discovery, mientras Bonta encabeza la demanda de California y otros 11 estados para bloquear la adquisición de 111 mil millones de dólares. Paramount, por su parte, amenazó con sacar sus operaciones de Hollywood de California si la fusión sigue bloqueada.
Ese es el desenlace provisional de una pelea donde el Estado vuelve a competir con el propio mercado para evitar que los trabajos se vayan. Y cuando el aparato público entra a subsidar una industria porque teme perderla, la pregunta de fondo no desaparece: quién paga la cuenta y por cuánto tiempo.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. California ya había elevado su apuesta fiscal al ampliar su crédito general y ahora suma un incentivo específico para posproducción. Los defensores lo presentan como una defensa del empleo local; los críticos ven una carrera costosa para retener actividad que se mueve allí donde la regulación y los incentivos resultan más favorables.
El gobernador cerró la jornada con una visita al set de HBO Max’s «The Pitt» en Burbank, una imagen útil para leer el momento: Hollywood sigue en California, pero cada vez más condicionado por la política fiscal del Estado y por la presión de otros centros de producción.
Los detalles cuentan la historia. California intenta proteger una base productiva que considera estratégica, pero lo hace a través de créditos, exenciones y ampliaciones de gasto tributario. El beneficio inmediato va para una industria con gran poder de negociación; el costo lo asume el contribuyente. Y en esa ecuación, el principio en juego sigue siendo el mismo: si el empleo necesita ser retenido con más subsidio, el problema no es la falta de voluntad de la industria, sino el precio de hacer negocios bajo un esquema cada vez más dependiente del Estado.
