La escena lo dice todo. Un hotel en Sacramento decorado con caricaturas políticas, citas de gobernadores en el elevador, y una ciudad que, según el periodista Justin Worland de Time, «funciona con gobierno, lobbying y la sensación de que la política es la industria local». No muy distinto de Washington, salvo en una cosa fundamental: en 2026, los dos capitales marchan en direcciones opuestas en materia de política climática.
Desde el inicio de la segunda administración Trump, la postura federal fue inequívoca. La Casa Blanca retiró fondos climáticos dirigidos a los estados y logró revertir las exenciones federales que permitían a California aplicar sus propios estándares de emisiones vehiculares. El mensaje al mercado fue claro: el gobierno federal se retira de este terreno.
Algunos estados azules tomaron nota y moderaron sus ambiciones. En mayo, Nueva York debilitó su legislación climática emblemática en medio de preocupaciones por el costo de vida. La gobernadora Kathy Hochul aprobó un nuevo gasoducto de gas natural en lo que reportes describieron como un intercambio con la administración federal para permitir que continuara un proyecto de energía eólica marina —aunque Hochul negó que existiera un acuerdo recíproco—. Massachusetts, por su parte, postergó en enero nuevas reglas para hacer la calefacción más eficiente en términos climáticos.
California eligió el camino contrario. Antes de que Trump asumiera, el gobernador Gavin Newsom ya prometía políticas estatales propias para incentivar la adopción de vehículos eléctricos si la administración eliminaba el crédito fiscal federal —medida que el estado finalizó a fines del mes pasado—. Sacramento también anunció que demandará al gobierno federal por sus acuerdos con empresas energéticas para detener el desarrollo eólico marino. En áreas como el programa de límites e intercambio de emisiones (cap-and-trade), California suavizó algunos bordes por razones de asequibilidad, pero mantuvo el núcleo de la política intacto.
«Tienes un gobierno federal que realmente intenta enviar señales de mercado alejadas de esto», dijo Wade Crowfoot, secretario de Recursos Naturales de California, al periodista de Time el otoño pasado. «Pero también tienes al resto del mundo moviéndose en esta dirección, así como a un grupo de estados americanos».
El argumento de Crowfoot es el que Sacramento repite con insistencia: California, como el estado más grande y económicamente próspero del país, puede operar como contrapeso al gobierno federal. Las empresas que quieran vender en ese mercado deberán cumplir sus reglas, independientemente de lo que diga Washington.
Pero aquí está el problema que ningún funcionario estatal menciona con comodidad: la divergencia regulatoria tiene un precio, y lo pagan las empresas. Según el análisis de Time, el mosaico normativo dentro de Estados Unidos obliga a las compañías a fabricar productos que satisfagan simultáneamente las exigencias de Sacramento y las del gobierno federal. Eso no es eficiencia; es duplicación de costos.
Para una administración que se jacta de apoyar la industria estadounidense y de competir con China, hay una ironía que el artículo de Time señala con precisión: los regímenes regulatorios que cambian rápidamente y divergen entre sí le cuestan dinero a las empresas. El mismo argumento que Washington usa contra la regulación climática federal aplica, con la misma lógica, al activismo regulatorio estatal.
Los detalles cuentan la historia. California no es un actor marginal: es la economía estatal más grande del país. Su mercado de vehículos, su infraestructura energética y su capacidad de litigar contra el gobierno federal le dan un peso real. Pero peso no es lo mismo que certeza. Las empresas que hoy calibran sus inversiones de largo plazo enfrentan un escenario en el que las reglas del juego dependen de qué partido controla qué capitolio, y esa inestabilidad —no la dirección de ninguna política en particular— es el verdadero costo de fondo.
Para Hemisferio, el debate de fondo no es si California tiene razón o si la tiene Washington. Es quién asume la factura de esta guerra de competencias. Cuando dos niveles de gobierno se contradicen en tiempo real, el aparato burocrático crece, la planificación empresarial se encarece y el contribuyente —en impuestos estatales o en precios más altos— termina financiando la batalla. La libre empresa necesita reglas estables más que reglas perfectas. Lo que Sacramento y Washington están construyendo juntos, cada uno desde su trinchera, es exactamente lo contrario.
