California volvió a poner un límite a la maquinaria migratoria de Washington. El gobernador Gavin Newsom firmó una ley que prohíbe a agentes del orden locales, estatales y federales —incluidos los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE— poseer o utilizar guantes con descargas eléctricas dentro del estado.
La norma, identificada como AB 2760, forma parte de un paquete de leyes estatales relacionado con la fiscalización de la aplicación de las leyes migratorias y los centros de detención. Newsom la rubricó el 29 de septiembre de 2026, después de que se informara que ICE había adquirido miles de estos dispositivos.
La escena lo dice todo. California no solo prohíbe el uso de estos guantes por parte de policías municipales, agencias estatales y agentes federales que operen en su territorio; también impide usar fondos estatales para comprarlos. En el centro del debate está un instrumento descrito como de «cumplimiento por dolor», similar a un taser, aunque con menor voltaje y mediante contacto directo.
Según la ley citada por las fuentes, la prohibición alcanza a las fuerzas del orden locales, estatales y federales. El sitio de la Office of the Governor of California sostiene que el estado tiene interés en establecer estándares claros para las prácticas policiales y el equipo utilizado dentro de California, incluso cuando esas prácticas se cruzan con la aplicación de las leyes de inmigración.
La entrada en vigor está fijada para el 1 de enero de 2027. No se trata, sin embargo, de una prohibición permanente: la SB 2760 expira el 1 de enero de 2030. Antes de eso, el Departamento de Justicia de California deberá estudiar la seguridad de estos dispositivos y entregar un informe a los legisladores antes del 1 de enero de 2029.
Ese reporte puede ser decisivo para el desenlace. Según The Guardian, el análisis podría servir para definir si la medida se mantiene, se modifica o se elimina antes de su vencimiento. En otras palabras, California se reserva una revisión futura sobre una herramienta policial que ya decidió restringir.
Newsom enmarcó su decisión en una crítica directa al presidente Donald Trump. «Trump ha puesto sus intereses políticos por encima de la salud, la seguridad y el sustento de las familias estadounidenses», dijo en un comunicado. Añadió que California está tomando medidas para reforzar la transparencia, la rendición de cuentas y la supervisión en torno a la aplicación de las leyes migratorias en el estado.
El giro no se limita a los guantes eléctricos. El paquete de leyes también incluye restricciones al uso de granadas aturdidoras y cargas explosivas, además de un nuevo impuesto del 25 % sobre los centros de detención privados de inmigrantes. Las normas, de acuerdo con las fuentes, también cierran una laguna legal que permitía a algunas instalaciones acogerse a la exención fiscal.
Otro proyecto firmado por Newsom prohíbe que agentes del ICE que hayan cometido faltas graves en el ejercicio de sus funciones se conviertan en agentes del orden o empleados públicos en California. Además, otorga a los californianos el derecho a demandar a funcionarios gubernamentales —incluidos los agentes federales de inmigración— si consideran que se han vulnerado sus derechos constitucionales.
La trastienda jurídica ya está servida. Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, DHS, dijo que la agencia federal no acataría una prohibición estatal de este tipo, por lo que podrían surgir disputas judiciales sobre la autoridad de California para regular el equipo usado por personal federal. El DHS sostuvo que la aplicación de las leyes federales de inmigración es una responsabilidad federal clara bajo el Artículo I, el Artículo II y la Cláusula de Supremacía de la Constitución.
Esa tensión tiene consecuencias políticas y económicas. California está tratando de imponer estándares propios, gravar a los centros de detención privados y limitar el tipo de herramientas que puede usar ICE en su territorio. Para el lector, el punto de fondo es claro: cuando el estado endurece reglas sobre el aparato federal, también redefine quién manda sobre la seguridad, el dinero de los contribuyentes y la libertad de actuación de las agencias.
El desenlace dependerá de los tribunales y de la capacidad de Washington para hacer valer su postura. Pero el mensaje de California ya quedó escrito: el estado quiere más control sobre la aplicación migratoria y menos margen para las prácticas de ICE dentro de sus fronteras. En esa pulseada, no solo se discuten guantes eléctricos; se discute el principio de autoridad, la responsabilidad pública y hasta dónde puede llegar cada nivel de gobierno.
