La escena lo dice todo. Ciento diecisiete representantes levantaron la mano a favor, apenas siete en contra. En cuestión de minutos, la plenaria de la Cámara de Representantes selló este martes el traslado de la posesión presidencial de Abelardo De la Espriella a Cali, capital del Valle del Cauca, donde el próximo 7 de agosto el presidente electo recibirá el mando de Colombia.
El recorrido hasta ese resultado no fue recto. La semana pasada, el Senado había aprobado que la ceremonia se realizara en Popayán. Pero este domingo De la Espriella pidió cambiar la sede. Su argumento: la actividad volcánica del Puracé. «Las condiciones climáticas derivadas de la actividad volcánica en el suroccidente del país y las afectaciones que la caída de ceniza puede generar en la operación aérea y logística del evento me obligan a tomar una decisión responsable», afirmó el mandatario electo. Añadió que el aeropuerto Guillermo León Valencia, de Popayán, «ha permanecido cerrado más de una tercera parte del tiempo en los últimos 20 días». También trascendió que congresistas e invitados extranjeros planteaban inquietudes de seguridad en el Cauca.
El lugar elegido es el Arena USC, auditorio principal de la Universidad Santiago de Cali, sede Pampalinda, según confirmó la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. De la Espriella enmarcó la decisión en términos simbólicos: Cali y el suroccidente colombiano, dijo, merecen sentir «desde el primer día de su gobierno la presencia firme y decidida del Estado en una región que ha sufrido como pocas los embates del narcoterrorismo».
El mismo martes, la Cámara también derrotó —con 114 votos en contra y 6 a favor— la proposición del Pacto Histórico, partido del presidente Gustavo Petro, que buscaba impedir la posesión en Cali. La representante María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, radicó además una proposición para que la Cámara «no pague tiquetes, viáticos ni hospedaje a los representantes que decidan asistir». «No es una obligación institucional que el presidente se posesione en la ciudad de Cali. Es sencillamente un capricho», declaró Carrascal ante los medios.
Ahora falta el paso final: la plenaria del Senado deberá debatir y votar de nuevo sobre el cambio de sede el miércoles 29 de julio en la tarde. Se prevé que vote a favor, como ya lo hizo inicialmente para Popayán.
Los detalles cuentan la historia. Los primeros contratos para la ceremonia de transmisión de mando ya están suscritos: el costo asciende a $5.950 millones, cerca de $950 millones más que la posesión de Gustavo Petro en 2022, un incremento de aproximadamente 19%, aunque ajustado por inflación el costo sería casi equivalente. Pero esa cifra no incluye los gastos de traslado fuera de Bogotá. Según las cuentas disponibles, mover solo a los 286 congresistas y sus esquemas de seguridad podría rondar los $300 millones adicionales, sin contar el desplazamiento de jefes de Estado invitados, delegaciones diplomáticas, presidentes de altas cortes, cúpula militar y otros altos funcionarios. En total, según la fuente, podrían ser cientos de millones más sobre los casi $6.000 millones ya destinados al evento. El representante Daniel Briceño ya anunció que cubrirá sus propios gastos e invitó a sus colegas a hacer lo mismo.
La tensión no es menor: durante la campaña, De la Espriella defendió una política de austeridad y reducción del gasto público. El contraste entre ese discurso y una ceremonia inaugural que acumula costos crecientes —en parte por decisiones propias del presidente electo— no ha pasado desapercibido.
Para Hemisferio, el episodio revela algo más que una disputa logística. Un presidente que llega con el mandato de restaurar el orden fiscal y el Estado de derecho enfrenta su primera prueba de coherencia antes de asumir. La decisión de posesionarse fuera de Bogotá tiene una justificación técnica documentada —la actividad volcánica es real— y un valor simbólico genuino: llevar el poder del Estado a una región golpeada por el narcoterrorismo. Pero el dinero de los contribuyentes que financiará ese gesto simbólico exige transparencia total sobre cada peso adicional que genere el traslado. La austeridad, si es principio y no eslogan, debe medirse también en los actos inaugurales.
