Los detalles cuentan la historia.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, y el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, firmaron esta semana la prórroga por cinco meses del Contrato de Estabilización de Precios del Café. La decisión fue acordada entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Federación Nacional de Cafeteros (FNC).
El objetivo declarado es garantizar la continuidad de los mecanismos de protección para los ingresos de los productores mientras avanzan las negociaciones para estructurar un nuevo contrato. Según el propio Gobierno, una vez finalice la prórroga de cinco meses, «corresponderá al próximo Gobierno suscribir un nuevo contrato».
En paralelo, el Ejecutivo también formalizó la ampliación del contrato del Fondo Nacional del Café, el instrumento más amplio bajo el cual la Federación administra los recursos del sector.
Los puntos que quedaron sobre la mesa
Durante las conversaciones, las partes abordaron varios asuntos que el Gobierno calificó de estratégicos: la autonomía presupuestal del Fondo de Estabilización de Precios del Café, la democratización del Comité Directivo previsto en el artículo 5 de la Ley 1969 de 2019, el fortalecimiento de las garantías contractuales bajo la nueva generación de contratos de la parafiscalidad, y la incorporación de mecanismos que refuercen las obligaciones del Gobierno, la Federación y el Comité Nacional de Cafeteros.
Ninguno de esos puntos quedó resuelto. Todos se trasladan, en calidad de «avances», al siguiente gobierno.
Bahamón celebró el acuerdo. «Hoy damos un paso trascendental para el futuro del Café de Colombia», afirmó el dirigente gremial. Agregó que la prórroga de los contratos de administración «no solo garantizan continuidad jurídica; preservan un modelo institucional construido de manera colectiva durante casi un siglo». El mensaje de fondo que la Federación quiso proyectar fue de calma: «estabilidad, confianza y visión de largo plazo para los productores, los mercados y nuestros aliados alrededor del mundo», según sus propias palabras.
Ávila, por su parte, apeló a un tono de cierre: «Le informamos al país y esperamos que el mundo cafetero y la sociedad cafetera mantengan en los próximos meses la tranquilidad para el desarrollo de todas sus actividades. Con dignidad cumplimos. Gobierno de Colombia».
Un sector que no puede esperar
Colombia es uno de los mayores productores de café suave lavado del mundo. El Fondo de Estabilización de Precios opera como un amortiguador entre las cotizaciones internacionales y el ingreso que recibe el caficultor en finca. Cuando el precio externo cae, el Fondo puede compensar parte de la diferencia; cuando sube, acumula recursos. Su funcionamiento depende de reglas contractuales claras entre el Estado y la Federación, que actúa como administradora de los recursos parafiscales del sector.
La prórroga evita un vacío jurídico inmediato. Eso es, en términos estrictos, lo que se firmó esta semana.
La lectura de la casa
La escena lo dice todo. Un gobierno que llega a sus últimos meses sin haber cerrado la negociación de fondo, que acumula pendientes institucionales —autonomía presupuestal, composición del Comité Directivo, garantías contractuales— y que los empaca en una prórroga de cinco meses para entregarlos como herencia, no está «cumpliendo con dignidad»: está postergando con urgencia.
Para el sector cafetero, la continuidad jurídica es condición necesaria pero no suficiente. Las familias caficultoras necesitan un marco estable de largo plazo, no una extensión de contrato que vence antes de que el próximo gobierno termine de instalarse. El costo de esa indefinición —en inversión, en planificación, en confianza— lo pagan los productores, no los ministros que firmaron el papel. El próximo gobierno recibirá un expediente abierto, una mesa de negociación a medio recorrer y la presión de un sector que, como recordó Bahamón, lleva casi un siglo construyendo su modelo institucional. Resolverlo bien tomará más de cinco meses.
