La morgue improvisada en Los Silos, dentro del puerto de La Guaira, quedó expuesta al sol de mediodía. Temperaturas que el patólogo Enrique López Loyo estima entre 40 y 50 grados centígrados. Los cuerpos recuperados de los escombros del terremoto que devastó principalmente ese estado venezolano permanecieron allí sin refrigeración adecuada. Los detalles cuentan la historia.
López Loyo, expresidente de la Academia Nacional de Medicina, explicó a El Nacional que esas condiciones «aceleraron la destrucción de los tejidos», lo que complica o imposibilita la identificación posterior de las víctimas. «Pudieron agarrar 50 contenedores y colocar un sistema de aire acondicionado móvil o portátil, y generar una mínima preservación hasta que se cumpliera adecuadamente un proceso de reconocimiento», señaló el especialista. «Ubicarlos en un descampadero, sobre un puerto, a 50° o 40° al mediodía o en la tarde no ayudó y no contribuyó al proceso de recuperación».
Para el patólogo, la identificación de los fallecidos constituye un derecho humano inalienable vinculado a la dignidad de la persona. «Todo ciudadano tiene derecho a una partida de nacimiento, pero al fallecer también tiene derecho a un acta de defunción que especifique básicamente la causa de su muerte, independientemente de su edad, sexo o lugar donde falleció», afirmó.
Las normas internacionales, explicó López Loyo, establecen un protocolo preciso: codificación de cada cuerpo, fotografías, toma de huellas dactilares, análisis de características de la piel —cicatrices, lesiones, tatuajes—, estudios odontológicos y pruebas genéticas. Sobre los restos que aún pudieran encontrarse durante la remoción de escombros, indicó que ropa, documentos o rasgos personales pueden aportar información clave; en casos de mayor destrucción corporal, los análisis genéticos u odontológicos se convierten en las principales herramientas.
Uno de los factores que complica el proceso, según el especialista, es la naturaleza de la zona afectada: La Guaira es un destino de paso y turismo. Muchas de las víctimas posiblemente no residían de forma permanente allí. Al tratarse de un día feriado, pudo haber personas de visita, en apartamentos alquilados o en hoteles, sin que sus familiares conocieran su ubicación exacta.
López Loyo también cuestionó que los captahuellas no se utilizaran de forma masiva durante las labores de identificación. Según afirmó, Venezuela cuenta desde hace años con un sistema de identificación biométrica que registra las huellas de gran parte de la población, lo que habría facilitado el proceso de manera significativa. «A las autoridades les faltó ingenio y capacidad de respuesta», sostuvo.
El patólogo advirtió además que aplicar cal sobre los cadáveres —práctica que, según él, se empleó— es un error grave: «Rompe y destruye las proteínas que forman parte del reconocimiento facial, así como lesiones, cicatrices o incluso tatuajes que pueden ayudar en la identificación». La solución, insistió, estaba al alcance del aparato estatal: carpas militares con aire acondicionado móvil o contenedores del propio puerto adaptados con equipos de refrigeración mientras avanzaban los procesos forenses.
López Loyo también lamentó que Venezuela enfrente limitaciones en sistemas integrados de información médica digital, lo que habría facilitado la identificación en situaciones de desastre. Consideró que la tragedia expuso la necesidad de fortalecer los sistemas de respuesta, identificación y atención social ante eventos que superan las capacidades ordinarias del Estado, y criticó que el Estado «no haya aprendido» de tragedias naturales anteriores ocurridas en Vargas, Las Tejerías o Mérida.
La escena lo dice todo. Lo que describe López Loyo no es solo una falla técnica: es el retrato de un aparato estatal que llega tarde, improvisa mal y, en el proceso, priva a las familias de la certeza más básica —saber dónde y cómo murió su ser querido—. El derecho a un acta de defunción no es burocracia; es el último eslabón de la dignidad humana. Cuando el Estado lo niega por negligencia, la deuda no es administrativa. Es moral. Y en Venezuela, según el propio especialista, esa deuda se acumula tragedia tras tragedia, sin que el aprendizaje institucional llegue a tiempo.
