Durante una plenaria de la Cámara de Representantes, el congresista Luis Guillermo Patiño volvió a poner en primer plano los avances de las investigaciones por presuntos hechos de corrupción en Medellín, en casos que involucran al exalcalde Daniel Quintero, a su hermano Miguel y a otros exfuncionarios de su gobierno.
Patiño sostuvo que esa actividad delictiva afectó programas para la primera infancia, y señaló que dentro del proceso relacionado con entidades y programas como Buen Comienzo, Afinia, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Hospital General de Medellín hay más de 59 imputados y testigos colaborando con la justicia.
«Ese gobierno nefasto no pensó en la transparencia ni en ayudar a la niñez, sino que estructuró un cartel para quedarse con los recursos del segundo conglomerado público más importante del país. Incluso, el descaro de los llamados ‘Hermanitos Q’ los llevó a meterse con recursos tan sagrados como la alimentación de los niños del programa Buen Comienzo», afirmó el representante.
El giro judicial más reciente llegó este jueves, cuando un juez de Medellín avaló los términos de la acusación contra la exsecretaria de Educación Martha Alexandra Agudelo por el presunto entramado de corrupción que se habría formado en Buen Comienzo durante la alcaldía de Daniel Quintero.
En ese caso también aparecen vinculadas la exdirectora técnica del programa, Lina María Zapata Gil, y el representante legal de Colombia Avanza, Henry Paulison Gómez Montoya. Buen Comienzo, una iniciativa de atención a la primera infancia que ha trascendido por varias administraciones de Medellín y es modelo nacional, quedó así en el centro de una discusión que ya no es solo política, sino judicial.
La Fiscalía, según el reporte, ha señalado tener pruebas de que a través de por lo menos dos contratos se habrían desangrado las arcas públicas del Distrito. Esa es la pieza que da forma al desenlace preliminar del caso: no solo la acusación, sino el examen de cómo se manejaron recursos destinados a la atención de la primera infancia, la inversión social y la infraestructura pública.
Patiño insistió en pedir celeridad para que quienes resulten responsables respondan ante la justicia. La próxima audiencia está fijada para este lunes desde las 2:00 p.m., en continuidad del proceso por presunta corrupción en contratos del Área Metropolitana y los Bomberos de Itagüí.
La escena lo dice todo. Cuando la discusión pública gira alrededor de programas para niños y del dinero de los contribuyentes, el costo de la corrupción deja de ser una abstracción y se vuelve una carga directa sobre el Estado y sobre la confianza ciudadana.
Para entender el presente hay que volver a esa semana: el daño no es solo judicial, sino institucional. Si los hechos se confirman en los estrados, el mensaje será claro para cualquier administración: los recursos públicos no son botín político ni caja chica de redes de poder. Son dinero de la gente, y la trastienda de los contratos tiene que responder ante la ley.
