Clara Brugada llevó al Congreso de la Ciudad de México un paquete que combina obra pública, nuevas instituciones y más regulación sobre el mercado de vivienda. En su Segundo Informe de Resultados, la jefa de Gobierno anunció cuatro iniciativas de ley, la construcción de un nuevo plantel de la UNAM, la creación de una banca de la ciudad y más vivienda en renta para jóvenes, además de albergues para personas en situación de calle.
La escena lo dice todo. En el recinto legislativo, Brugada habló ante gobernadores, legisladores y funcionarios, mientras afuera miles de simpatizantes seguían el acto. Desde tribuna, defendió que la democracia implica «escuchar, cumplir y responder por cada decisión y por cada peso de dinero público».
En el mismo mensaje, la mandataria capitalina afirmó que su gobierno no intervendrá en las elecciones y llamó a que compitan los proyectos y no los discursos de odio ni la violencia. También aseguró que el gobierno capitalino honrará el legado de la lucha contra la compra de votos y pidió un debate de altura, «fructífero de ideas y propuestas».
Brugada dijo que existe un avance del 82 por ciento en los 113 compromisos adquiridos al iniciar su gestión. También sostuvo que su administración seguirá con la transformación de la capital y expresó respaldo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la defensa de la soberanía nacional, la paz y la dignidad del país.
Entre los anuncios de infraestructura y servicios, la jefa de Gobierno detalló la construcción de tres nuevas universidades y cinco preparatorias en pueblos y barrios originarios y zonas alejadas. Además, informó un acuerdo con la UNAM para un nuevo gran plantel en el suroriente, con capacidad para 20 mil estudiantes, que será edificado por el gobierno local y equipado por la máxima casa de estudios.
También presentó un plan de movilidad con la compra de 250 nuevas unidades eléctricas de Metrobús para avanzar hacia una flota totalmente eléctrica en 2030, la renovación y construcción de 242 km de infraestructura ciclista, la instalación de semáforos inteligentes en 2027 y la construcción de puentes vehiculares, principalmente en el poniente, para agilizar el tránsito en zonas críticas.
En materia social, anunció centros especializados de tratamiento de adicciones y atención a problemas de salud mental, así como un programa de apoyo a repartidores con espacios para descansar, convivir y recrearse. A eso sumó la creación del banco de la ciudad, una institución financiera local cuya apertura fue parte del paquete de anuncios.
El frente más sensible para millones de capitalinos, sin embargo, está en la vivienda. Clara Brugada envió al Congreso local la iniciativa de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles, que limita el aumento anual de la renta al incremento inflacionario reportado por el Inegi para el año inmediato anterior.
La propuesta establece que, si una renovación de contrato rebasa ese tope, la persona arrendataria podrá pagar la última renta pactada más la inflación o consignar el pago en el juzgado correspondiente, y el contrato quedará prorrogado por un año adicional. También prevé que el inquilino pueda exigir la devolución de cantidades cobradas por encima del aumento permitido.
La iniciativa obliga a los dueños a fijar un precio único de renta —salvo mantenimiento o servicios pactados— e inscribir el contrato en un Registro Digital de Contratos de Arrendamiento Habitacional operado por la ADIP. Ese registro deberá contener nombre de las partes, ubicación y superficie del inmueble, precio, depósito, garantía y plazo, y el arrendador tendrá que entregar la constancia de registro.
Además, crea la Defensoría de las Relaciones Inquilinarias de la Ciudad de México, adscrita a la Procuraduría Social, con facultades para verificar el cumplimiento del tope de aumento, brindar asesoría y aplicar sanciones. La iniciativa también plantea multas de hasta 400 veces la UMA o de uno a tres meses de renta a quien no entregue la constancia o incremente la renta por encima de lo permitido.
La reforma incorpora un Gabinete de Acompañamiento Social ante Desalojos, encabezado por el secretario de Gobierno, para identificar casos de riesgo social, humanitario o de vulnerabilidad y procurar una instancia de conciliación antes de la ejecución del desalojo. También modifica el Código Civil local para que, en renta y duración de contratos, aplique esta nueva ley.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. La capital está empujando más presencia del Estado en vivienda, finanzas y servicios urbanos, con una arquitectura institucional que extiende la mano pública sobre áreas que antes quedaban más cerca del mercado o de la negociación privada. La promesa es protección; el costo, como siempre, lo terminarán midiendo propietarios, contribuyentes e inquilinos.
El desenlace todavía depende del Congreso local, pero el rumbo ya quedó marcado. Brugada quiere más ciudad administrada desde arriba: más reglas, más banca pública, más infraestructura y más vigilancia sobre el arrendamiento. Para sus defensores, es una respuesta social; para quienes ven en la libertad económica un principio básico, es otra expansión del aparato estatal sobre decisiones que deberían resolverse con incentivos claros, certeza jurídica y menos carga para el dinero de los contribuyentes.
