La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, inauguró este sábado 9 de octubre la XXVI Feria Internacional del Libro del Zócalo, una cita que permanecerá abierta hasta el próximo 18 de octubre y en la que las autoridades prevén recibir a un millón de personas.
Acompañada por representantes de la Embajada de Francia, país invitado en el marco de la conmemoración de los 200 años de relaciones diplomáticas entre ambas naciones, Brugada Molina dijo que la Ciudad de México es «el reservorio de lectores» más grande del país.
La mandataria capitalina sostuvo que, de acuerdo con el INEGI, en la ciudad «prácticamente» está erradicado el analfabetismo y que una de cada tres personas lee, lo que dijo que equivale a un 56% más que la media nacional.
La edición XXVI de la feria contempla más de 260 actividades, entre ellas 118 presentaciones de libros, 71 conversatorios y conferencias, 21 conciertos y 13 actividades infantiles y teatrales. También participarán 353 editoriales y 317 ponentes, de los cuales 48 son internacionales.
Como parte de la feria y para fomentar la lectura, las autoridades distribuirán 12 mil libros gratuitos, informó el subsecretario de Grandes Festivales Comunitarios, Argel Gómez Concheiro. Entre los títulos a repartir figuran obras de Fernando Buen Abad, Jesús Vargas, publicaciones sobre la pintora Nahui Olin y textos dirigidos al público infantil como Mangata.
La escena lo dice todo: un Zócalo convertido por unos días en escaparate de libros, editoriales, charlas y conciertos, con la promesa de atraer a un millón de asistentes. En una ciudad donde el gobierno presume que la lectura es un rasgo extendido, la feria intenta convertir ese dato en una experiencia pública y visible.
Pero también hay una lectura política de fondo. Cuando un gobierno coloca recursos, logística y difusión detrás de un evento de esta escala, está apostando por una idea de ciudad: una donde la cultura de masas y la circulación de libros formen parte del paisaje cotidiano. Si la meta de convocatoria se cumple o no, medirá algo más que asistencia; medirá hasta qué punto la capital puede sostener, con hechos, su relato de capital lectora.
Para los organizadores, el efecto inmediato es claro: más acceso, más oferta y más visibilidad para editoriales, autores y público infantil. Para los contribuyentes, la pregunta de fondo es si esta clase de despliegue cultural se traduce en un beneficio amplio y real, o si termina siendo solo una vitrina grande y costosa para el aparato gubernamental. Ahí está el giro: cuando la política cultural se mide en millones de visitantes y miles de libros repartidos, lo importante no es la ceremonia, sino si el hábito lector deja de ser discurso y se vuelve costumbre.
