Era un viernes de asignación académica normal. Una veintena de estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) intentó acceder al sistema universitario y encontró el mismo mensaje: «No hay un correo registrado para este usuario, abóquese a ventanilla de Registro y Estadística». En la ventanilla, la respuesta fue idéntica: no había rastro informático de ninguno de ellos. «Era como si nunca hubiéramos existido», relató uno de los afectados.
Los detalles cuentan la historia. Hasta el momento, los estudiantes han identificado al menos 27 casos solo en el área metropolitana, aunque advierten que hay más en otros centros universitarios del país. Todos comparten una coincidencia: participaron en procesos de oposición contra Walter Mazariegos, electo rector de la USAC bajo señalamientos de irregularidades y acciones legales sin resolver. Varios son líderes estudiantiles; otros, integrantes de cuerpos electorales que no pudieron votar o electos para integrar el Consejo Superior Universitario, institución que ya tiene un amparo emitido por la Corte de Constitucionalidad para renovar sus cargos vencidos.
«Todos hemos denunciado el fraude. Muchos desde 2022 y otros se unieron el último de este año. Ahora nos enfrentamos a una estructura muy organizada que se ha incrustado dentro de la única universidad estatal en Guatemala y que la ha usado para fines personales y corruptos», afirmó uno de los entrevistados que pidió el anonimato.
Jennifer de la Cruz, de 22 años, estudiante de Ciencias Jurídicas y Sociales, estaba a un semestre de graduarse como Abogada y Notaria. Su expediente también desapareció. Carlos Barrios, compañero de carrera, lo describió sin rodeos: «Es una muerte académica. Prácticamente nos están sepultando, pues seguramente alargarán el proceso interno y ya no podremos cursar este año y, posiblemente, otros más».
El grupo decidió presentar un memorial ante el Departamento de Registro y Estadística de la USAC. La respuesta fue fría: el departamento advirtió que tardaría un mes en contestar y que no garantizaba una resolución favorable.
La escena lo dice todo. Mientras los estudiantes redactaban la carta dentro del campus, supuestos trabajadores de la institución llegaron a intimidarlos verbalmente. Los guardias privados, según los afectados, les dijeron que no podían intervenir. Al salir, encontraron una lista de estudiantes a quienes se les impedía incluso tomar el bus universitario. Afuera, agentes de la Policía Nacional Civil los esperaban y les solicitaron identificación. «Les dijimos que somos estudiantes, que no estábamos haciendo nada malo, pero aún así nos pidieron nuestros documentos», relató Joshua Sagüi Armira, otro de los afectados. «Allí nos percatamos de que las autoridades de la USAC trabajan en conjunto con la PNC».
Joshua no es un dato abstracto. Es hijo de una mujer que cursó hasta sexto de primaria y trabajó como conserje para sostener a sus hijos. Él iba a ser el primero de su familia en graduarse de la universidad; quería darles a sus abuelas, mujeres analfabetas según cuenta, al primer nieto universitario. Además de estudiar Derecho, tiene el pénsum cerrado de la Técnica de Publicista Profesional, iniciaba estudios de posgrado en Ciencias de la Comunicación y trabaja para costear sus estudios y ayudar a su familia.
Carlos, por su parte, ya cuenta con una licenciatura en Pedagogía y el pénsum cerrado de una maestría en Docencia Universitaria. Cursaba el último año de Ciencias Jurídicas cuando su expediente desapareció.
El caso ha generado posiciones encontradas en redes sociales guatemaltecas. Sectores académicos, sociales y del propio Gobierno han condenado las acciones atribuidas a Mazariegos, según la fuente; otro sector ha descalificado a los estudiantes tachándolos de haraganes y provocadores.
Lo que está en juego es más grande que un expediente borrado. La USAC es la única universidad estatal de Guatemala, financiada con dinero de los contribuyentes y constitucionalmente autónoma. Cuando el aparato burocrático de una institución pública utiliza sus sistemas de registro —pagados por la sociedad— para silenciar a quienes denuncian irregularidades, no se trata de un error informático: se trata del uso del Estado contra ciudadanos que ejercen su derecho a la disidencia. El principio que está en juego es elemental: ninguna burocracia, por bien atrincherada que esté, debería poder borrar a una persona del mundo académico como represalia política. Si la Corte de Constitucionalidad ya emitió un amparo para renovar los cargos del Consejo Superior Universitario y los expedientes siguen desapareciendo, la pregunta que Guatemala debe responder es cuánto tiempo más tolerará que su única universidad pública opere como feudo privado.
