Las Fuerzas Militares bombardearon en la madrugada del domingo 11 de octubre un campamento del Frente 33 de las disidencias de las FARC en el Catatumbo, Norte de Santander. La operación ocurrió cerca de la 1:00 a. m., según medios locales, y se convirtió en el cuarto ataque aéreo ordenado durante el gobierno de Abelardo De la Espriella.
El objetivo habría sido una posición vinculada al ala de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá. Tanto Infobae como El Colombiano coinciden en que el blanco fue el Frente 33, mientras que la operación fue desarrollada por las Fuerzas Militares con apoyo del Comando Conjunto de Operaciones Especiales y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.
Tras el bombardeo, unidades militares ingresaron al área para verificar daños y resultados. Hasta ahora no hay un balance oficial. Infobae señala que se habla de varios combatientes dados de baja, mientras que una versión conocida por El Tiempo, citada por esa publicación, habla de un saldo preliminar de tres muertos y material de guerra decomisado. Las autoridades tampoco han confirmado la identidad de las personas que habrían muerto.
La acción se produjo en una de las regiones más golpeadas por la confrontación entre el Ejército de Liberación Nacional y el Frente 33, una disputa que, desde enero de 2025, se libra por el control territorial, las rutas del narcotráfico, el hurto de hidrocarburos y la minería ilegal. En ese conflicto han ocurrido más de 120.000 desplazamientos, confinamiento de comunidades, al menos 115 muertes y ataques con drones cargados con explosivos, según las fuentes.
El golpe aéreo llega además después de un giro judicial. Hace casi un mes, el Juzgado 34 de Familia de Bogotá levantó una tutela que había frenado los bombardeos contra objetivos donde pudiera haber menores reclutados. La decisión retiró la medida cautelar, pero mantuvo un estándar reforzado de precaución cuando exista información sobre la presencia de niños, niñas o adolescentes.
No es un detalle menor. El Gobierno había presentado apenas seis días antes la Fuerza de Tarea Conjunta Urano, integrada por 1.200 militares, para combatir organizaciones armadas, narcotráfico y hurto de hidrocarburos. La secuencia importa: primero el despliegue, luego el bombardeo, y en el centro una zona fronteriza donde el Estado ha decidido responder con más capacidad ofensiva.
Este fue el segundo bombardeo en el Catatumbo durante la actual administración. El primero se realizó el 10 de agosto contra el ELN. Los otros dos ataques aéreos se llevaron a cabo en Guaviare: uno contra disidencias bajo el mando de alias Calarcá y otro contra estructuras de alias Iván Mordisco.
En la narrativa oficial, el mensaje es de continuidad. De la Espriella sostuvo el 5 de octubre que su administración mantendría las acciones ofensivas contra estas estructuras. El dato político es que el Gobierno ya no solo anuncia resultados: los busca con una ofensiva aérea que vuelve a poner a la fuerza pública en el centro de la estrategia.
A puerta cerrada, el cálculo también es otro. Cada bombardeo reordena el debate entre seguridad, legalidad y costo humano. Para una región tomada por grupos armados, la pregunta no es abstracta: quién controla el territorio, quién paga el precio y cuánto tiempo puede sostenerse el Estado sin perder la iniciativa.
La escena lo dice todo. El poder público ha optado por empujar con todo el peso del aparato militar en una zona donde las instituciones civiles han quedado atrás. Para quienes defienden el orden y la soberanía, ese giro es una señal de autoridad. Para quienes temen el desgaste, es también una prueba de si la fuerza alcanza para recuperar el control sin abrir nuevas heridas.
Los detalles cuentan la historia. En el Catatumbo, el desenlace de cada operación no se mide solo por los muertos o el material incautado, sino por la capacidad real del Estado de sostener presencia, proteger a la población y cortar el dominio de las estructuras armadas. Ahí se juega el verdadero balance de este bombardeo.
