Una operación de las Fuerzas Militares contra el Frente 33 en Catatumbo dejó cuatro integrantes de esa estructura muertos, entre ellos una adolescente de 16 años, y tres soldados heridos por la activación de un campo minado.
El Ministerio de Defensa informó que la intervención comenzó a las 10:00 p. m. del sábado 10 de octubre en una zona rural de Norte de Santander y que el despliegue se apoyó primero en labores de inteligencia y luego en un componente aéreo antes de la entrada de unidades terrestres.
Según la cartera, esas tareas previas permitieron ubicar tres campamentos, un búnker y zonas preparadas con artefactos explosivos improvisados. Las autoridades aseguraron además que los objetivos fueron identificados y delimitados antes de la operación.
De acuerdo con el reporte oficial, la ofensiva estuvo dirigida contra campamentos y otras instalaciones atribuidas al Grupo Armado Organizado Residual Frente 33, señalado de pertenecer a la facción de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá.
El Ministerio de Defensa dijo que el planeamiento incluyó medidas para proteger a la población civil bajo los principios de distinción, proporcionalidad y precaución del Derecho Internacional Humanitario.
La operación dejó también un saldo material amplio. Durante el registro de la zona, los uniformados incautaron diez fusiles, una ametralladora, una pistola, un revólver y 57 proveedores. Además hallaron 3.867 cartuchos de distintos calibres, dos miras ópticas, material de intendencia y tres celulares.
Las autoridades localizaron tres campamentos con capacidad aproximada para 36 integrantes de la estructura armada, tres áreas acondicionadas con artefactos explosivos improvisados, un búnker y cinco brazaletes alusivos a las extintas Farc.
El Gobierno sostuvo que el propósito de la intervención era reforzar la protección de las comunidades rurales de Tibú, afectadas por la presencia y las confrontaciones entre el Frente 33 y el Ejército de Liberación Nacional en la zona.
La versión oficial añade que esos choques han provocado daños en viviendas mediante ataques con drones cargados con explosivos, y que persisten campos minados que representan un riesgo tanto para la población civil como para los integrantes de la fuerza pública.
En su mensaje, el ministro Jorge Mora rechazó el reclutamiento y el uso de menores de edad por grupos armados ilegales. «Las Fuerzas Militares condenan, una vez más, el reclutamiento e instrumentalización de menores por los grupos armados, práctica que los expone a las hostilidades de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario», señaló.
El presidente Abelardo De La Espriella confirmó que ordenó el bombardeo y que siguió la ofensiva en comunicación con el ministro de Defensa y la cúpula militar. «Anoche, mientras muchos colombianos descansaban, impartí directamente la orden de ejecutar una operación de bombardeo en Norte de Santander contra un objetivo militar conocido como Frente 33», dijo.
El jefe de Estado sostuvo además: «¡Con los narcoterroristas no hay tregua!». Y agregó que las Fuerzas Militares tienen la instrucción de actuar dentro de los límites legales y con las capacidades del Estado.
La escena lo dice todo: el Gobierno exhibe la incautación, la presión militar y la protección de las comunidades como prueba de autoridad; al mismo tiempo, el costo humano vuelve a poner bajo escrutinio una guerra que se libra entre grupos armados y sobre territorio civil. Para el Estado, la disyuntiva es clara: recuperar control o dejar que manden los ilegales.
Pero el caso también recuerda que la seguridad no puede medirse solo por la cantidad de fusiles decomisados o por la destrucción de campamentos. Cuando una menor figura entre los muertos, el debate se desplaza de la contundencia al deber de proteger a los inocentes. En esa tensión se juega algo más profundo que una operación: la capacidad del Estado para imponer orden sin convertir a la población en daño colateral.
