La escena lo dice todo. El lunes, a nueve meses de haber asumido, el presidente boliviano Rodrigo Paz anunció el cierre del Ministerio de Turismo Sostenible, Cultura, Folclore y Gastronomía y del Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente. La justificación fue la de siempre en estos casos: construir un Estado más «eficiente» y eliminar la «burocracia». El anuncio duró minutos. La polémica, días.
Paz explicó que en lugar del ministerio de turismo se creará una agencia estatal para desarrollar los proyectos del sector y «darle agilidad» a las alianzas entre «lo público y privado». Esa agencia dependerá del Ministerio de la Presidencia. En cuanto a Planificación y Medioambiente, sus atribuciones «necesarias» migrarán al Ministerio de Economía. Dos carteras menos sobre el papel; dos dependencias nuevas absorbidas por estructuras más grandes en la práctica.
La respuesta del sector turístico fue inmediata y amarga. Bolivia acaba de atravesar casi cincuenta días de bloqueos de caminos —siete semanas entre mayo y junio— que paralizaron gran parte del país y generaron pérdidas millonarias para operadores, guías y comunidades que viven del visitante extranjero. La Federación Boliviana de Guías de Turismo lo dijo sin rodeos en un comunicado: «Esta decisión tomada justo cuando el sector más necesita respaldo y no incertidumbre. ¿Cómo no desconfiar, si mientras el sector agoniza se debilita justamente la instancia que debería protegerlo?»
Desde el mundo cultural, la reacción fue igualmente contundente. La Bienal Internacional de Arte, el Festival Internacional de Teatro de La Paz, el Festival Internacional de Jazz «Festijazz» y la Bienal de Diseño y Cartel de Bolivia BiCeBé, entre otras organizaciones, firmaron un documento conjunto en el que rechazan «el permanente manoseo institucional al que ha sido sometido el sector cultural, históricamente relegado, subordinado y privado de la jerarquía, continuidad y presupuesto que merece».
El académico Fernando Cajías, una de las voces más respetadas del país en la materia, reconoció que no pone en duda «la buena intención» del gobierno, pero advirtió que la decisión «refleja una ideología, además de una errada percepción de la cultura como simple gasto». Su diagnóstico apunta a algo más profundo que una reorganización administrativa: una concepción del Estado que trata ciertos sectores como prescindibles cuando las cuentas aprietan.
La controversia sobre medioambiente, sin embargo, es la que más incomoda a los especialistas. La fusión de las carteras de Planificación y Medioambiente ya había generado críticas meses atrás. Ahora, con ambas bajo el paraguas del Ministerio de Economía, los críticos señalan un conflicto de intereses estructural: la misma dependencia encargada de promover la inversión, la producción y la explotación de recursos naturales será responsable de velar por la protección ambiental. La pregunta que nadie en la sala formula en voz alta, pero todos hacen, es cuál de los dos mandatos prevalecerá cuando entren en tensión.
La crítica más inesperada, sin embargo, vino de adentro del propio Ejecutivo. El vicepresidente Edmand Lara no se guardó la opinión: «La burocracia continúa. Solo que ahora la concentraron en superministerios y en superministros, con más poder, pero con menos control. Eso no es austeridad, eso es maquillaje». Pocas veces una reforma de gabinete recibe semejante calificativo desde el segundo piso de la casa de gobierno.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. Paz cumple nueve meses en el poder y cierra lo que él mismo llamó «un tiempo de transición» orientado a ordenar el Ejecutivo. La reforma llega, según el cronograma oficial, justo antes de la etapa de «transformaciones profundas» que el presidente prometió para la segunda fase de su mandato.
Los detalles cuentan la historia. Reducir el número de ministerios puede ser un gesto genuino de austeridad o puede ser, como advierte el vicepresidente, una reconfiguración del poder que concentra decisiones en menos manos con menos rendición de cuentas. Hemisferio observa que la lógica de crear agencias dependientes de superministerios no reduce el aparato estatal: lo reorganiza. Si la nueva estructura efectivamente agiliza las alianzas público-privadas en turismo y cultura, o si simplemente diluye la responsabilidad política en sectores que Bolivia necesita desarrollar con urgencia, es una pregunta que solo la gestión concreta podrá responder. El reloj ya corre.
