El senador Karim Bianchi defendió en el programa de streaming de La Tercera su apoyo al proyecto que va a suplir la reforma de seguridad del gobierno. Su apuesta, dijo, no es que el texto sea «la varita mágica», sino una forma de viabilizar una agenda en materia de seguridad y de empujar, en paralelo, otra reforma que considera importante: el fin a la puerta giratoria.
Bianchi explicó que antes había sido crítico de una reforma constitucional para un problema que definió como no constitucional. Aun así, sostuvo que esta iniciativa le parece más acotada y que no debiese haber problema para que nadie la aprobase, porque reconoce constitucionalmente el crimen organizado, mejora o entrega nuevas herramientas al Estado de Emergencia y fija un régimen penitenciario especial.
En su relato, el senador también buscó marcar distancia con la lógica de bloqueo. Dijo que conversó primero con gente del Socialismo Democrático para exponer una reforma constitucional que había ingresado antes a la comisión de Constitución, pero que se dio cuenta de que la idea era obstruir. Según su visión, hay un tema que está por sobre trincheras políticas y que corresponde a un tema de Estado.
Cuando vio que no había acuerdo y que el Socialismo Democrático se subía al carro del Frente Amplio y del Partido Comunista, dijo que decidió colaborar. Admitió que le cuesta ir a Cerro Castillo y sentarse a conversar con la gente de gobierno, y añadió que incluso puede fracasar o que el problema no se arregle. Aun así, afirmó que no puede dejar de ser responsable en el sentido de tender puentes para llegar a un acuerdo.
El desenlace de esa pulseada todavía no está cerrado. Bianchi reconoció que no es su labor convencer a quienes, sin leer todavía el proyecto, ya tienen una posición tomada. A su juicio, la discusión terminó atrapada en una pelea por autorías y protagonismos.
La escena lo dice todo. Mientras una parte de la política sigue midiendo costos partidarios, el senador intenta instalar una lógica de acuerdo para mover una agenda de seguridad que sigue trabada. El problema, para el contribuyente y para el orden público, es que la seguridad no se resuelve con gestos ni con disputas de protagonismo, sino con reglas claras, herramientas efectivas y capacidad de cerrar la brecha entre discurso y acción.
Si el proyecto avanza, el mérito no será de quienes se quedaron administrando rechazos, sino de quienes acepten que en seguridad el país necesita resultados. Si naufraga, quedará en evidencia otra vez un aparato político más preocupado de la autoría que de la protección de los ciudadanos.
